Crear opinión implica compromiso y compromiso en muchas ocasiones supone ir contracorriente. Juan Pablo II y los Papas que lo han sucedido, incluido Francisco –en la última encíclica, iniciada por Benedicto XVI, que él ha hecho suya– nos exige a los católicos comprometernos en la vida pública. Este compromiso pasa por traer a la sociedad la verdad aunque ello implique contradicción y enfrentamiento, aunque suponga ser «Bandera Discutida» y la única verdad que no admite interpretación es la basada en el orden moral objetivo y natural. Así el no matarás, no robarás, son verdades absolutas al margen de Credo o ideología, como lo son preservar el orden natural de la creación, defendiendo la vida desde su concepción hasta la muerte natural, es decir, evitando que una madre mate a su hijo y un hijo a su padre, o el matrimonio entre hombre y mujer abierto a la procreación libre y responsable como algo que contribuye al bien común, o denunciando que el Estado secuestre a los padres el derecho a educar moralmente a sus hijos.
Este compromiso con la verdad me obliga a manifestarme a favor de las tan criticadas leyes que Rusia, Ucrania y Moldavia han promovido sobre «La protección a los niños de información dañina a su salud y desarrollo», que al igual que les informa sobre el efecto nocivo y prohíbe la droga o el alcohol, prohíbe igualmente que exista propaganda que fomente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y que se manipule la educación de los menores con políticas de «orientación sexual» o de «identidad o ideología de género», términos a través de los cuales se inocula en la inocente e inmadura moral de los niños las prácticas homosexuales, de contraconcepción y abortivas.
Todo Estado está obligado a proteger a sus administrados de estas políticas de todos nosotros conocidas de los lobbies gays, que apoyados por los políticos afines de UPyD, PSOE e IU y amparados en la tibieza –cuando no partidarios– de los políticos del PP, poco a poco están consiguiendo que nuestra juventud las asuma y haga suyas, incorporándolas a su vida como si de algo natural se tratara. Esta es la mayor perversión del sistema, privar a los padres del derecho a educar a sus hijos, atribuyéndose el Estado o determinados grupos de presión ese derecho. En consecuencia toda ley que tenga por objeto proteger a nuestros niños y jóvenes de estas prácticas contra la moral objetiva y el orden natural serán bienvenidas y más que eso, deseadas.
Por último nada tiene que ver mi apoyo a estas leyes justas con la violencia practicada contra los homosexuales, de todo punto condenable, ahora bien, tan condenable es violentar físicamente a una persona como hacerlo moralmente a unos niños y por ende a una sociedad.
Rafael López-Diéguez
Publicado originalmente en Intereconomía
