PERÚ: ASOCIACIÓN FEMINISTA DENUNCIA ESTERILIZACIONES MASIVAS
Por Juan C. Sanahuja
Carta del Encargado de Pastoral de Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua a la Ministro de Salud
A continuación transcribimos un artículo aparecido en diarios de Madrid y Buenos Aires. Se trata de una denuncia del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), sobre la política del gobierno del Dr. Fujimori, de esterilizar compulsivamente las mujeres pobres. "Cómo evitar nuevos pobres", tituló esta nota el diario Página 12 de Buenos Aires, lo que nos hace recordar las palabras de Juan Pablo II, "se prohibe a los pobres nacer…".
En 1995, el CLADEM elaboró un proyecto de reforma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, llamado Declaración de Derechos Humanos desde una Perspectiva de Género de CLADEM, que es uno de los documentos más extremistas en lo que se refiere a la implantación de los llamados nuevos derechos humanos, para agregarlos o para reformar la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Este documento es una muestra de las normas que desde las Naciones Unidas se han dictado para el proceso de reingeniería social, al que quieren someter a todas las sociedades del mundo, ciertos organismos de esa y de otras organizaciones internacionales. También llama la atención que, en gran medida, son los grupos políticos denominados progresistas los que hacen suyos estos postulados que son expresión de una nueva forma imperialismo social y económico, que se extiende desde los centros de poder global. En la declaración se incluyen los supuestos derechos a elegir la propia orientación sexual, los derechos reproductivos y sexuales, que incluyen el aborto, etc., (vid. Noticias Globales 79, Argentina: la Legislatura de Buenos Aires busca imponer el aborto y los supuestos derechos de los homosexuales).
Desde Perú nos informa Luis Solari de la Fuente que quien hizo la denuncia, Giulia Tamayo, pertenece al movimiento feminista radical "Flora Tristán". El otro movimiento feminista radical en el Perú es "Manuela Ramos". Este último recibió de USAID (junto con otra ONG menor), la "pequeñez" de 25 millones de dólares repartidos en 5 años para concientizar a las mujeres pobres sobre contracepción y género. Ambas asociaciones forman parte del CLADEM.
Con toda seguridad es auténtica la indignación de estos grupos feministas acerca de lo que el Estado peruano le ha hecho y les hace a las mujeres: les arranca para siempre su maternidad. Este podría ser un buen punto de partida para que las feministas abran los ojos y se den cuenta de la tremenda manipulación que la política eugenista de los países del Norte hace de ellas, en contra de las propias mujeres.
Informa también el Dr Solari, que desde 1990 hasta agosto 1998, el Estado peruano esterilizó 320.000 mujeres, a través del Ministerio de Salud. No están incluídas en ese número las de la seguridad social, fuerzas armadas y sector privado. La meta original eran 350.000. Alrededor de 165.000 esterilizacones fueron programadas para 1998, se descubrió el plan porque aparecían en el presupuesto del Estado para este año que termina. Pero, en septiembre de 1998, se aprobó el Plan Nacional de Población 1998-2002. En ese plan se establece la articulación entre control de natalidad, la educación sexual y la llamada "perspectiva de género"; no se sabe si ese plan contiene metas de esterilizaciones.
Cómo quedó demostrado por el Congreso de los Estados Unidos, la USAID (AID) -agencia del gobierno federal de ese pais-, y el Fondo para Actividades de Población de las Naciones Unidas (FNUAP, siglas en inglés UNFPA), estaban gravemente implicados en este plan de esterilización eugenésica en Perú.
La participación de estas instituciones en planes de esterilización y aborto forzados no es una novedad. Justamente, este año, el Congreso de los Estados Unidos, eliminó del presupuesto federal su contribución al FNUAP, porque se demostró que ese Fondo de las Naciones Unidas participaba activamente de la campaña de aborto compulsivo que lleva a cabo el estado en China, (vid. CAFHRI, New York, 22-10-98). En el mismo sentido, el 22 de octubre, el Presidente Clinton firmó la llamada "enmienda Tiahrt" -aprobada previamente por el Congreso-, que asegura la libertad de elección a las usuarias de los planes de "planificación familiar" financiados por el gobierno federal de USA, lo que pondría fin a una larga serie de abusos cometidos por la AID.
Puede consultarse:
-Sobre esterilizaciones forzadas en Perú, vid. Noticias Globales 7, 10, 11 y 12; Noticias Globales 18, Anexos; Noticias Globales 20; Noticias Globales 49, Naciones Unidas-Peru: Informe del gobierno peruano confirma su politica de limitar los nacimientos; Population Research Institute Review, vol. 8, n. 2, marzo-abril 1998).
-Sobre la ingerencia de la AID en las esterilizaciones forzadas en Perú, vid. Noticias Globales 21
-Sobre la enmienda Tiahrt: Population Research Institute Review, vol. 8, n. 4, julio-octubre 1998; HLI Reports, vol. 16, n. 11, diciembre 1998.
Transcribimos el texto del artículo:
ESTERILIZACIONES en PERU 1998: 250.000 peruanas esterilizadas en tres años
Diario El País, Madrid, 20-12-1998; diario Página 12, Buenos Aires, 23-12-98, p. 19
SOL FUERTES, Madrid
"Un informe especial financiado por el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) revela que el Gobierno de Fujimori ha aplicado una campaña sistemática de esterilización de miles de mujeres en las zonas más deprimidas del país. En total han sido 250.000 las peruanas que a lo largo de los tres últimos años han quedado estériles, muchas de ellas sin su consentimiento. Médicos y sanitarios han cumplido cuotas personales de esterilización fijadas por el Ministerio de Salud. Los engaños, las coacciones y las promesas incumplidas han sido moneda de cambio en esta campaña sobre la que venía alertando desde hace un año el Defensor del Pueblo y la prensa peruana.
"A. M. B., de 30 años, vive en el caserío de Raquia, departamento de Ancash. Fue sometida a un bloqueo tubárico por insistencia de los agentes de salud que realizaron visitas domiciliarias. Le dijeron que, si no se ligaba las trompas, una terrible enfermedad le podía causar la muerte. M. B. es viuda con ocho hijos. Los agentes de salud le dijeron que si se ligaba, nunca más tendría problemas económicos. Le ofrecieron víveres, le mostraron un billete de 100 soles (4.600 pesetas) y le prometieron que con ese dinero podía cubrir todos sus gastos. Ante la insistencia, M. B. accedió. Fue esterilizada en mayo de 1997. Nunca recibió lo ofrecido". Éste es el relato de una de las 250.000 peruanas que ha sido esterilizada a lo largo de los tres últimos años y que forma parte de un informe elaborado por el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), que abarca hasta noviembre de este año. Sus conclusiones se basan en casos totalmente identificados. El trabajo de esta investigación será presentado el próximo mes de febrero en Lima (Perú).
El azar determinó que en noviembre de 1996 Giulia Tamayo coincidiera con una Campaña de Anticoncepción Quirúrgica en Huancabamba, capital de Piura. Fueron los primeros indicios y evidencias sobre los abusos de la implantación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Tamayo estaba con una dirigente local de una ONG en el despacho del director de un centro de salud. En una vitrina vieron varios documentos entre los cuales destacaba uno que contenía las metas numéricas de anticoncepción quirúrgica programadas y ejecutadas en la provincia hasta septiembre de ese mismo año. Terminada la entrevista, al salir del edificio, coincidieron con un vehículo que transportaba a las que serían esterilizadas ese día. No pudieron conocer sus nombres ni su procedencia. Eran pobres y estaban silenciosas.
Metas numéricas
Éste fue el primer hilo de un ovillo que se ha convertido en el informe Nada personal. Coordinado por Giulia Tamayo, abogada e investigadora en derechos humanos, este documento sobre Anticoncepción quirúrgica en el Perú, revela que el Gobierno de Alberto Fujimori "estableció metas numéricas de usuarias a nivel nacional exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica" y que estas intervenciones se hicieron "con presión y estímulos a los establecimientos de salud y al personal médico para el cumplimiento de dichas cuotas, lo que propició violaciones de los derechos humanos". Dichas metas, según revelaron funcionarios de alto nivel, eran conseguir 100.000 esterilizaciones el año 1996, 130.000 el 97 y 165.827 este año. El Instituto Nacional de Estadística totalizó 81.761 ligaduras de trompas en el 96. Según expertos en salud, la meta se alcanzó en 1997 y este año descenderá a 43.000 operaciones debido a las denuncias que se empezaron a producir a primeros de año sobre esta práctica de anticoncepción irreversible.
Los primeros casos llegaron al Defensor del Pueblo de Perú en 1997. A partir de entonces se irían acumulando evidencias sobre sistemáticas violaciones de los derechos humanos, debido a la política agresiva que imponía la esterilización a mujeres pobres o de extrema pobreza. Según datos de 1996, Perú tiene 23.947.000 habitantes, de los cuales el 50,3% son mujeres y de éstas, 6.259.000 en edad fértil. El 48% de la población se ubica en el estrato pobre y el 18%, en el de extrema pobreza.
La positiva actitud del Defensor alertó en 1997 a los medios de comunicación. La prensa empieza a informar de casos que terminaron en muerte o en complicaciones graves postoperatorias. La reacción del Gobierno es negarlo todo. Según el Gobierno de Fujimori, no había metas en anticoncepción quirúrgica y, por tanto, no había imposición de cuotas de captación de usuarias. El Gobierno acusa a grupos conservadores de impulsar la campaña periodística para generar desconfianza en la población sobre este método anticonceptivo.
En enero de 1998, Grover Joseph Rees, del Subcomité de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos del Congreso Norteamericano, visita Perú. Su informe posterior señala: "Varios doctores y otros trabajadores de salud reportaron a mis informantes que es bien conocido que todo hospital y posta médica tiene una cuota de esterilizaciones a llevar a cabo, y que cada responsable sabe cuál es su cuota. Algunos de estos trabajadores reportaron que las cuotas se subdividen entre doctores y trabajadores de salud. Un funcionario regional de salud reportó haber recibido llamadas periódicas de Yong Motta, ex ministro de Salud y actual asesor en política de salud de Fujimori, el cual preguntó: '¿Cómo van las metas?' Dos funcionarios informaron de que trabajadores de salud pobremente pagados recibieron una bonificación por cada mujer que persuadían para consentir con la ligadura de trompas. Un trabajador reportó que en 1997 se le asignó una cuota de cuatro. La cumplió, pero su jefe le preguntó que a cuántas mujeres adicionales había convencido. (…) El jefe sugirió que les ofreciera alimentos a cambio de su consentimiento…".
Y, mientras tanto, ¿cuál era la posición de los médicos?. El presidente de la Federación Médica de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, Héctor Chávez, declaró a El Comercio que, si bien reconocía importantes logros al Gobierno, su mayor error era poner en riesgo el futuro del país con las campañas de esterilización. "Tengo mucho temor y mucho que perder al hacer estas declaraciones porque no soy nombrado, sino sólo contratado, y tengo una familia con esposa e hijos que mantener, pero creo que como presidente de la Federación tengo una obligación moral", afirmó.
En esa misma región ocurrió uno de los hechos más estremecedores recogidos por el informe Nada personal: "A. A. A., de 38 años, seis hijos. De acuerdo al testimonio del viudo, su esposa fue convencida para esterilizarse. La intervención se realizó el 21 de julio de 1996. Sufrió perforación de víscera hueca. En el hospital no había anestesiólogo, sólo anestesista. La cosieron y la trasladaron a otro centro. Le dieron el alta el 29 de julio del 96. Falleció en marzo de 1997 en otro hospital. Según el certificado de defunción, la muerte se produjo por una 'septicemia ocasionada por un transporte hidroeléctrico como consecuencia de una fístula intestinal, sumándose al cuadro una deshidratación aguda'. El cirujano que la esterilizó presentó su renuncia irrevocable".
Si a A. A. A. le convencieron, otros casos demuestran que el Gobierno peruano ha recurrido incluso a coacciones para lograr sus propósitos. Desde los llamados festivales hasta promesas monetarias o de alimentos, muchos han sido los métodos para convencer a la mayoría de las 250.000 peruanas esterilizadas en los últimos tres años.
Tamayo enumera en su informe los abusos y otras prácticas violatorias de la esterilización forzada: "Bajo engaño manifiesto, violencia, coacción o grave amenaza hacia la persona objeto de intervención, o hacia su cónyuge; esterilización en el contexto de otra intervención (postparto, postaborto…); por autorización exclusiva de sus parejas varones; engaño sobre el carácter irreversible de la operación…".
El comienzo del fin de estos abusos se inició aquel día de noviembre de 1996 en el despacho de un pequeño centro de salud. Un año antes, el Congreso peruano modificó la Ley Nacional de Población a fin de incluir la anticoncepción quirúrgica voluntaria como una de las opciones y métodos para llegar al 2000 con 2,5 hijos por mujer.
Testimonios:
-Firmó el marido. M. A.Q., de 33 años, declaró haber sido conducida al hospital de Apoyo de Huancavelica con el argumento de que le iban a poner una ampolla. A pesar de que la presionaron a firmar la autorización para la operación, ella no firmó. Sin embargo, el personal de salud presionó a su esposo, quien sí firmó. Fue sometida a la operación de ligadura de trompas el 10 de enero de 1997 contra su voluntad.
-Tres gasas. H.H.H., 42 años, conviviente, analfabeta, nueve hijos vivos. El 16 de junio de 1997 acudió al Centro de Salud de Izcuchaca para dar a luz a su último hijo. Tuvo un parto difícil y el personal olvidó tres gasas, lo que originó un cuadro infeccioso que la obligó a buscar atención médica. El 22 de junio la hospitalizaron. Ella pensaba que se trataba del procedimiento de limpieza. Fue ligada sin su consentimiento.
-Ligadura en vez de T. A.E.L., cinco hijos. Acudió el 21 de mayo de 1996 al Hospital Rural de Tocache a fin de que le retiraran la T de cobre (el DIU) porque le había provocado una infección en el útero, ovario y trompas. El médico le pidió que se esterilizara. Ella accedió, pero le pareció que primero tenían que curarla de la infección. Cuando acudió con su esposo para que retiraran la T, los agentes de salud insistieron en operarla. Le dijeron que no había riesgo y que luego la curarían. Entonces aceptó.
-Sin papeles. S.N., de 31 años, declara que no le hicieron firmar ningún documento. Ella no sabía que tenía que autorizar la operación. El personal no le dijo nada. Sólo le preguntaron si su esposo estaba de acuerdo.
-Por alimentos. L.O.G., de 30 años, analfabeta, cinco hijos, ligada en la Posta de Salud de Sóndor. A cambio le ofrecieron víveres.
-Peritonitis. R.B.A., de 48 años, ligada el 21 de abril de 1997 en el Hospital de Apoyo de Huamanga. Falleció al día siguiente. Causa terminal, "shock séptico", debido a "peritonitis generalizada, perforación víscera hueca y bloqueo tubárico bilateral".
-Firmó pero no lo leyó. P. H., 32 años, seis hijos, casada, primer año de primaria, sabe firmar. La enfermera fue a su casa y le convenció, pero no entendió qué era la ligadura de trompas, creía que era otra cosa. Dice que firmó un documento pero que no lo leyó. Su esposo le acompañó y a él sí le dijeron lo que firmaba pero cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una vasectomía se negó". FIN.
