Comentaba hace unos días Jorge Soley el estudio del European Institute of Bioethics sobre el 10º aniversario de la eutanasia en Bélgica: «Euthanasia in Belgium: Ten Years On».
En el informe la Comisión de Control reconoce que está «descontrolada», que es incapaz de saber a quién se está «eutanasiando», y admite lo que se ha repetido muchas veces, que la apariencia de legalidad es el empujón necesario para el rápido despeño por «la pendiente resbaladiza»:
Legalizado inicialmente bajo estrictas condiciones, la eutanasia se ha convertido en un acto normal e incluso ordinario en pacientes que se considera que «tienen derecho» al mismo. Frente a algunos casos mediáticos, la evidente relajación de las condiciones estrictas ha provocado muchas reacciones, pero la ausencia total de cualquier tipo de sanción por parte de la Comisión y el silencio por parte del establishment político ha dado lugar a una sensación de impunidad por parte de los médicos implicados y una sensación de impotencia por parte de aquellos preocupados por cómo están evolucionando las cosas
Ojo, lo dicen ellos. Si Jorge hubiese esperado dos días a escribir su artículo no se habría preguntado si el siguiente paso sería el infanticidio, al igual que en Holanda.
Los belgas ‘celebran’ el décimo aniversario de la ley de la eutanasia estudiando su ampliación:
- a menores, siempre y cuando éstos sean «capaces de discernir» y tengan una enfermedad incurable y un sufrimiento insoportable
- a personas que sufren enfermedades mentales degenerativas (p.e., Alzheimer)
La propuesta de ley es del senador socialista Philippe Mahoux, ‘padre‘ de la ley de 2002. Los socialistas valones quieren darle mayor impulso a la «declaración anticipada», una especie de testamento vital para el que no hace falta renovación cada cinco años, podrá modificarse en cualquier momento.
El PS quiere además facilitar la llamada «declaración anticipada» que funciona como un testamento en el que la persona afectada deja constancia de su deseo de aplicar la eutanasia, pero que ya no tendrá que ser renovada cada cinco años sino que podrá ser modificada o anulada en cualquier momento.
La guinda vendrá con la inclusión de niños pequeños, víctimas de una enfermedad incurable. Por lo que se ve da igual que puedan dar consentimiento o no, la propuesta pretende dar un «marco legal» para los padres y médicos por si se tienen que enfrentar a esas situaciones.
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