(El País) Ambrosio añade, sin dar más detalles, que el documento «hace una reflexión» sobre quién debería reclamar la titularidad y la gestión del monumento, y cómo debería hacerlo.
«Nos sorprende que la Junta, a la que el Estatuto le otorga potestad para gestionar los monumentos de la comunidad, diga ahora que no tenga competencias», se quejó minutos más tarde Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y uno de los miembros de la plataforma que lucha, desde hace más de un año, por lograr que el monumento sea declarado bien público y que la gestión deje de estar en manos exclusivamente de la Iglesia. «Pero nos duele especialmente la indolencia e impasibilidad con la que la Junta está tratando este tema», prosiguió Rodríguez.
