(C-FAM/InfoCatólica) En 2000, el Tribunal Constitucional de Costa Rica determinó que la FIV era inconstitucional, porque violaba el derecho a la vida del embrión. Cuatro años más tarde, el Centro de Derechos Reproductivos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aceptara un caso aduciendo que esta prohibición violaba los derechos humanos de dos parejas costarricenses.
La Comisión aceptó el caso el pasado otoño y pidió al gobierno de Costa Rica que legalizara la FIV, lo cual, según sostiene la Comisión, es necesario para acatar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Según pasajes del informe de la Comisión obtenidos por la prensa costarricense, esta entidad resolvió que la prohibición de la FIV por parte del gobierno invade la privacidad de las familias y el derecho a “fundar una familia acorde con sus propios deseos y aspiraciones”. El informe censura a Costa Rica por ser el único país de América que prohíbe la FIV, y sostiene que el propósito del gobierno de proteger la vida humana dio lugar a restricciones que son demasiado “severas”.
El gobierno de Costa Rica argumentó ante la Comisión que el artículo 4 de la CADH justificaría la prohibición de la FIV, ya que establece que el derecho a la vida de cada persona “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”. La Constitución costarricense lleva este principio más allá y dice que “la vida humana es inviolable”. Además, el Código Civil de este país protege la vida desde “300 días antes de su nacimiento”.
Aumento de las presiones
Si bien en un principio Costa Rica defendió la prohibición, ahora ha presentado un proyecto de ley para legalizar la FIV, pero bajo serias restricciones. Este proyecto limita a seis el número de embriones que pueden generarse y exige que se implanten todos los embriones producidos. Esto no agradó al Centro de Derechos Reproductivos. El gobierno de Costa Rica no avanzó más con el proyecto de ley y solicitó a la Comisión que extendiera el plazo hasta el 31 de mayo.
Martha de Casco, ex Viceministra de Relaciones Exteriores de Honduras, dijo que la FIV es “es básicamente un negocio que se aprovecha de quienes creen que se puede lograr una cosa buena, como es un hijo, no importa de qué manera”. También afirmó que la presión internacional sobre Costa Rica evidencia un deseo de convertir a ese país en un paraíso para FIV baratas, ya que se trata de un procedimiento costoso en los países desarrollados.
A pesar de que muchos relatos indican que el informe de la Comisión exige a Costa Rica que modifique sus leyes, se trata de un órgano consultor cuyas recomendaciones no son vinculantes para los estados. Si un estado no atiende una recomendación de la Comisión, esta tiene la opción de elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encarga de interpretar y asegurar el cumplimiento de la CADH.
Por Terrence McKeegan y J.D. Tyler Ament, traducido por Luciana María Palazzo de Castellano
