(Efe/InfoCatólica) La ley, que fue aprobada por 62 votos a favor y una abstención, fue calificada por el congresista oficialista Javier Valle Riestra “como norma histórica, vanguardista y, sobre todo, justa”.
Por su parte, la parlamentaria Alda Lazo señaló que no se trata sólo de “una ley religiosa, sino que promueve la inclusión social”.
Sin embargo, algunos sectores de las iglesias evangélicas de Perú no se han mostrado conformes con la ley, ya que en su opinión no se corresponde a la propuesta que el grupo de minorías religiosas de Perú impulsa desde 2007.
“Las minorías queríamos y esperábamos una ley dentro del marco del principio de laicidad, con separación total entre Estado e Iglesia. No queremos privilegios económicas porque a la larga perjudica a las profesiones religiosas y debilita el sistema democrático”, señaló a Efe Raquel Gago, directora ejecutiva de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú.
Uno de los puntos más relevantes del dictamen aprobado hoy es la apertura de la posibilidad de que las entidades religiosas puedan gozar de beneficios particulares por parte del Estado, siempre que exista un convenio previo.
“Las instituciones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que hayan adquirido notorio arraigo, gozarán de las exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias que les reconozcan los convenios que, en su caso, pudieren celebrar con el Estado”, establece la norma.
Esto abre la posibilidad de que otras entidades religiosas puedan acceder a convenios como el concordato que la Iglesia Católica mantiene con la República peruana, mientras que este acuerdo con la Santa Sede se incluye explícitamente en una de las disposiciones de la norma.
Sobre este punto, Gago señaló que lo que consigue la nueva ley es “legitimar el concordato”, justo lo contrario a lo que buscaban las minorías religiosas.
“Buscábamos una ley dentro del marco de un sistema que separara Estado y religión, mientras el de hoy es un sistema pluriconfesional. Definitivamente no estamos de acuerdo con esto”, señaló la representante de las iglesias evangelistas.
Otro punto significativo dentro de la nueva ley es la obligación que todas las instituciones educativas tendrán de respetar el derecho de los alumnos a no seguir los cursos de religión por motivos de conciencia, sin que esto pueda afectar su promedio académico.
Además, se ordena la creación de un Registro de Entidades Religiosas, cuyo fin será otorgar el reconocimiento jurídico civil de las mismas; aunque se establece que la inscripción en el mismo será voluntaria.
También se establece la “objeción de conciencia”, que permite la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal en razón de sus convicciones morales o religiosas.
Gago señaló que el grupo de credos minoritarios ya se encuentra estudiando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional si la ley es promulgada por el Ejecutivo.
