(Diario de Mallorca/InfoCatólica) Desde Salud confían en incrementar la cifra de abortos que se practican en los hospitales públicos, y así no tener que pagar las intervenciones en clínicas privadas para cumplir la nueva Ley del Aborto. Los equipos de ginecología de los centros públicos asumirán este servicio mediante equipos médicos especiales para esta actividad.
En concreto serán unos 600 abortos los que se realizarían en los hospitales públicos de las islas, 450 por voluntad de la paciente y otros 150 de carácter terapéutico. Esta cifra supone multiplicar por 5 el porcentaje respecto al del pasado año, cuando sólo un 4% de los abortos que se realizaron en las islas fueron practicados en hospitales públicos.
La nueva Ley del Aborto permite a las mujeres embarazadas de hasta 14 semanas interrumpir su gestación de forma voluntaria y a cargo del Servei de Salut, que sufragará los 300 euros que cuesta de cada una de las intervenciones. El resto de abortos, hasta llegar a los 2.700-3.000 anuales, se acometerán en centros concertados por la conselleria de Salud o bien directamente en las clínicas privadas.
El director general del IB-Salut, Josep Pomar, explicó que “los hospitales públicos asumirán cada vez más abortos y las previsiones son que practiquen muchos más que en años anteriores. En Menorca y en Ibiza ya realizan la casi totalidad de los existentes y los centros públicos de Mallorca están poniendo en marcha la cobertura del servicio con los equipos médicos que llevarán a cabo las interrupciones de embarazos”.
Equipos “especiales” en los hospitales públicos
En el momento de entrar en vigor la nueva Ley del Aborto, el pasado 5 julio, desde Salud reconocieron la existencia de “problemas” para que los ginecólogos de los hospitales públicos realizaran intervenciones de interrupción voluntaria de embarazos. El principal escollo era un tema de conciencia de algunos ginecólogos a la hora de practicar un aborto voluntario. Incluso el Colegio Oficial de Médicos de Balears puso en marcha un registro para la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran realizar este tipo de intervenciones. Desde el Colegio de Médicos explicaron que el citado registro se está ultimando por parte de los servicios jurídicos, así como la confección del formulario a utilizar por parte de un médico que quiera objetar una cuestión de conciencia para no practicar abortos.
Según manifestó Josep Pomar, se ha conseguido solucionar en gran parte este problema con los ginecólogos de los hospitales públicos. “Ha habido médicos –apuntó Pomar– que se han acogido a la objeción de conciencia y no quieren practicar abortos. Pese a todo, se han puesto en marcha equipos en todos los centros públicos que practicarán las intervenciones sin problemas y ello nos permitirá que los hospitales del Govern asuman cada vez más la realización de interrupciones voluntarias de embarazos, además de las terapéuticas que ya las vienen realizando desde siempre”
Concierto con privadas
El Gobierno balear, para cumplir la nueva Ley del Aborto, ha tenido que concertar el servicio para el último semestre de 2010 y durante 2011 con tres clínicas privadas. En concreto son los tres centros que están acreditados en las islas para realizar este tipo de intervenciones y que son Aurora Clínic, Emece y Centro Médico Aragón. El presupuesto del concierto es de 540.000 euros.
Los cálculos apuntan a que el Gobierno debería desembolsar en torno al millón de euros por este servicio para hacer frente a las más de 3.000 interrupciones de embarazo que habrían de realizarse en las islas, teniendo en cuenta una media de 300 euros por cada aborto.
El director general del IB-Salut, Josep Pomar, explicó que la previsión está calculada en base al incremento de intervenciones que asumirán los hospitales públicos a partir de 2011. “En cualquier caso –añadió Pomar– la adjudicación se puede ampliar hasta un 20%, según la Ley de Contratos de la Administración Pública, y si a finales de año fuese necesario se puede convocar un nuevo concurso para contratar más intervenciones”. Pomar dejó claro que ningún aborto se dejará de practicar en Balears por falta de presupuesto y se realizarán tanto en hospitales públicos como en clínicas concertadas por el Gobierno.
Los médicos dicen que están sobre todo para atender partos, no abortos
Diferentes ginecólogos de hospitales públicos ya advirtieron en diciembre del pasado año que los centros públicos no tenían capacidad para asumir la totalidad de interrupciones voluntarias de embarazo que cada año se practican en las islas. Argumentaron que sus equipos están centrados básicamente en la salud femenina y en atender a los 2.500 partos anuales que se producen en los principales hospitales de Mallorca.
Un dato a tener en cuenta es que la mayoría de pacientes que quieren abortar alegan problemas de salud mental para interrumpir su gestación. En las clínicas privadas certifican esta enfermedad mediante un informe psiquiátrico, proceso que en estos momentos la sanidad pública no puede asumir en los 3.000 de abortos anuales que se practican en las islas. Por este motivo, desde el Govern han decidido concertar el mayor volumen de abortos con clínicas privadas, que asumirán el 80% de las intervenciones.
