(Espectador/InfoCatólica) El proyecto requiere que las mujeres que deseen someterse a un aborto demuestren haber residido en territorio uruguayo por un tiempo no inferior a cuarenta y dos semanas. Si la mujer fuera menor de edad se requerirá el consentimiento de al menos uno de sus representantes legales.
El texto, que consta de 17 artículos, también establece qué deben hacer instituciones médicas y profesionales de la salud frente a solicitudes de aborto. Así, indica que todos los servicios de asistencia médica tienen la obligación de practicar el aborto de forma gratuita a las mujeres que lo soliciten dentro de los tres primeros meses de la gestación.
Tanto los médicos como otros trabajadores de la salud que quieran presentar su objeción de conciencia para no intervenir en la práctica de abortos deberán comunicarlo en los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la ley; si no cumplen con ese trámite no podrán negarse a participar en los abortos.
Una ley que “se enfoca decididamente” a la despenalización del aborto, tras el veto que puso el presidente Tabaré Vázquez
En la legislatura pasada se sancionó el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva, pero el presidente Tabaré Vázquez vetó los artículos que despenalizaban el aborto en determinadas circunstancias. El programa de gobierno más reciente, con el que la izquierda se presentó a las últimas elecciones y que fue aprobado en diciembre de 2008, decía que se trabajaría en la legislación vinculada a derechos sexuales y reproductivos incluyendo la despenalización del aborto
La senadora Mónica Xavier, del Partido Socialista, explicó en el programa En Perspectiva que “en esta legislatura existe una diferencia: está incorporado al programa del Frente Amplio y además viene con una discusión desde la reapertura democrática con diversa suerte hasta que en la legislatura pasada cumple la sanción en ambas cámaras, logra el voto en mayoría de ambas cámaras y luego sucede el veto del Ejecutivo, incluso se reúne la instancia de levantamiento del veto y no alcanza los tres quintos reunidos de cada cámara en Asamblea General para levantar las objeciones del Ejecutivo”.
Mónica Xavier, es además doctora en medicina con posgrado en cardiología, añadió que "entonces obviamente aquel proyecto, que tuvo ese componente de veto, era un proyecto que tenía una integralidad sobre la prevención específicamente y que siempre nos ha preocupado y sobre otros aspectos conexos de la salud sexual y reproductiva”. “Pero en éste el proyecto se enfoca decididamente en la despenalización en determinadas circunstancias y en cómo los diferentes operadores y la mujer deben ejercer sus deberes y derechos en este tema”.
Confrontación en la sociedad
Xavier reconoció que el tema generará nuevamente confrontación en la sociedad, por lo que aseguró que “habrá que seguir profundizando esos consensos que creo que son mayoritarios para regular de otra forma este tema y para seguir dejando como delito el aborto hecho en contra de la voluntad de la mujer que también es bueno señalarlo en este momento”.
