(Agencias/InfoCatólica) La Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, conocida como “antimaras”, fue aprobada por el Parlamento el pasado 1 de septiembre y sancionada nueve días después por el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, que descartó negociar con los pandilleros.
“Ocho días después de su publicación (en el Diario Oficial) entra en vigencia”, explicó a Efe el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.
A raíz de esta ley, que busca contener la violencia que desangra a este país, donde se registran entre 10 y 13 asesinatos por día, la Mara Salvatrucha (M-S) y la Mara 18 (M-18) buscaron paralizar el transporte, para impedir su sanción presidencial.
La norma declara ilegales y proscribe “las llamadas pandillas o maras” y prevé la “la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia” de los bienes, efectivo, derechos, ganancias y ventajas que se hayan adquirido como parte de esa actividad delictiva.
También faculta a la Fiscalía o al juez competente a ordenar la inmovilización de cuentas bancarias o incautar bienes relacionados con estos delitos.
Campos detalló que las autoridades contarán “con nuevas herramientas” para “proceder contra el patrimonio de aquellas personas miembros de pandillas o relacionados con pandillas” e inhabilitarlos para integrar sociedades o ser accionistas.
“No pueden ejercer derechos políticos aquellos que sean condenados por este delito (...) no pueden recibir ningún beneficio legal de parte del Estado, no pueden ser legalizados, no pueden ser apoyados, no pueden mantener permisos (...), por ejemplo, de operar un bus, ni pueden ser dueños” de estos mediante terceros, sentenció.
Apoyo de la Iglesia
La iglesia católica de El Salvador, aseguró que la ley que proscribe a las pandillas es una “herramienta válida”, a la vez que se pronunció por la adopción de programas de reinserción y de prevención de la violencia.
“Nosotros no sabemos en realidad el futuro, ni cuánto (la ley) va a ayudar (...), pero pensamos como lo hemos dicho en varias ocasiones que es una herramienta válida, que es un esfuerzo positivo que están haciendo las autoridades”, declaró en rueda de prensa el arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar.
Monseñor Escobar confió que la ley que castiga -hasta con diez años de cárcel- a los pandilleros sea aplicada para salir al paso de la violencia.
“No tenemos la fórmula para adivinar qué va a pasar (con la aplicación de la ley), pero auguramos que sea un efecto positivo, que avancemos positivamente a superar esta crisis que es tan dolorosa y que nos causa tanto mal a todos, enfatizó.
El arzobispo espera que el poder Judicial sabrá aplicar la denominada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
Sin embargo, el arzobispo indicó que “no basta” con la aplicación de la ley tras señalar que en toda sociedad democrática deben buscarse “caminos de superación” del problema con “programas de reinserción” y de “prevención del crimen”.
En el país, según el arzobispo, es necesario instaurar procesos de investigación que “no dejen en impunidad” a los que han delinquido.
