(PpE/InfoCatólica) Los demandantes (en torno a 300 entre padres, madres e hijos) solicitan al Tribunal Europeo que adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC.
También le piden que reconozca mediante declaración que, en estos casos, se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos (libertad ideológica de ambos, libertad educativa, discriminación; y, en el caso de los menores, derecho a la intimidad personal y familiar), derechos que están tutelados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Exigen, además, compensación por los daños morales causados.
Por último, solicitan que el Tribunal Europeo requiera al Estado español para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo e impida futuras vulneraciones de los derechos invocados en este conflicto.
José Luis Bazán ha explicado que al imponer estas asignaturas, el Gobierno español viola las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de derechos fundamentales, y que las familias españolas se han visto obligadas a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la evidente falta de voluntad de resolver un conflicto que dura ya años. Bazán ha puesto de manifiesto la escasa sensibilidad del Tribunal Supremo, que dictó unas sentencias disconformes con los principios más básicos de un Estado de Derecho. “Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses de Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos”, ha afirmado.
Asignaturas de marcado carácter ideológico
En la rueda de prensa ha intervenido también Inmaculada López, madre de cinco hijos, tres de los cuales son objetores a EpC. López ha asegurado que la objeción “no fue en modo alguno una decisión fácil ni cómoda, sus consecuencias inmediatas suponían que nuestros hijos en el momento en que les correspondiera cursarlas deberían salir de cada clase. Y esto, se lo aseguro, no es nada fácil para ellos ni para nosotros”.
Así mismo, ha señalado que ni el Gobierno de España ni los Gobiernos Autonómicos les han dejado otra opción para poder educar a sus hijos de acuerdo con nuestras convicciones morales y religiosas. “Todo lo contrario”, ha asegurado, “nos encontramos con un Estado que en lugar de asegurar este derecho fundamental trata de suplantarlo al imponer por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico, cuya finalidad es conformar la mente de las futuras generaciones según la particular ideología del partido que sustenta nuestro Gobierno, y en un futuro, en todo caso, del gobierno de turno”.
En la rueda de prensa ha intervenido también Roger Kiska, abogado de Alliance Defense Fund (ADF), una entidad especializada en la defensa jurídica de los derechos fundamentales. De origen estadounidense pero con sede en Bratislava, ADF, junto con Profesionales por la Ética, representa a los padres objetores demandantes y presentará en Estrasburgo la demanda contra el Estado español el próximo 19 de marzo.
