(InfoCatólica) La Iglesia en Polonia ha respondido con una llamada a la oración y a la reconciliación a la crisis institucional abierta en torno al Tribunal Constitucional. «Observamos con gran inquietud los acontecimientos que tienen lugar en torno al Tribunal Constitucional», arranca la declaración que la Presidencia de la Conferencia Episcopal Polaca hizo pública en Varsovia el sábado 31 de octubre, horas después de la noche en que la policía se desplegó en el recinto de la institución y el presidente de la República regresó de urgencia al país.
El texto lo firman el arzobispo metropolitano de Gdansk y presidente de la Conferencia Episcopal, Tadeusz Wojda, el arzobispo metropolitano de Breslavia y vicepresidente, Józef Kupny, y el secretario general, Marek Marczak.
«Una profunda crisis del Estado»
Los obispos sitúan el problema en una disputa de largo recorrido. «La disputa que se prolonga desde hace tiempo sobre los fundamentos constitucionales del funcionamiento de la República no sirve a la construcción de la unidad y la reconciliación nacional, y su escalada conduce a una profunda crisis del Estado», afirma la declaración.
A continuación delimitan el papel que corresponde a la Iglesia. «No es papel de la Iglesia dirimir las causas de esta disputa ni la responsabilidad por la falta de solución», escriben, antes de formular su petición principal. «Sin embargo, preocupados por el bien de la Patria y la paz social, hacemos un llamamiento a no escalar el conflicto, a emprender un diálogo constructivo y a resolver pacíficamente todas las dificultades».
El llamamiento se dirige en primer lugar a «las personas de buena voluntad que llevan en el corazón el verdadero bien de nuestro país», a quienes piden que apoyen «todos los esfuerzos en favor del entendimiento y la reconciliación nacional». A los creyentes les reservan una petición específica, la de sostener «con su oración a nuestra Patria».
La declaración concluye con una invitación a la plegaria por quienes gobiernan. «Oremos por la luz y la sabiduría para los gobernantes y para todos los responsables de la vida pública, para que la preocupación por el bien de los habitantes de nuestro país y por el bien común sea para ellos el deber más importante».
La voz de los cardenales y del primado
A la declaración colegial se han sumado intervenciones personales de varios prelados. El arzobispo de Gniezno y primado de Polonia, Wojciech Polak, pidió en redes sociales oraciones «para que el Señor transforme nuestros corazones y los haga dispuestos a la concordia y a la reconciliación».
El Cardenal Konrad Krajewski, arzobispo de Lodz, se refirió a la crisis en la misa de Todos los Santos, el 1 de noviembre, ante cuatro hermanos de la comunidad de Taizé presentes en su diócesis. «La otra noche muchos polacos no durmieron y, por eso, os pido que recéis también por nuestro país y por quienes lo gobiernan. Rezad por su sabiduría y su discernimiento, para que sus decisiones conduzcan a la paz y no a las divisiones. Lo necesitamos mucho», dijo.
En Cracovia, el Cardenal Grzegorz Ryś recurrió a la enseñanza de San Juan Pablo II. En una intervención en la televisión pública con motivo del 80.º aniversario de la ordenación sacerdotal de Karol Wojtyła, recordó la convicción del Papa polaco de que la reconciliación no puede ser menos profunda que las divisiones. El arzobispo de Cracovia advirtió de que una reconciliación superficial solo traería una tregua provisional y añadió que, «evitando identificar las causas profundas de las divisiones entre los polacos, o cediendo al miedo de nombrarlas, la fractura entre las personas y la desintegración de la sociedad no harán sino acentuarse».
El Obispo de Sosnowiec, Artur Ważny, calificó la crisis institucional de «prueba de conciencia».
Lo ocurrido en el Tribunal
La reacción episcopal sigue a los hechos de la noche del viernes 30 al sábado 31 de octubre. La jueza Anna Korwin-Piotrowska, elegida por el Sejm (la cámara baja del Parlamento) y que prestó juramento en una ceremonia parlamentaria y no ante el presidente de la República, anunció la suspensión del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y asumió la dirección de la institución. A Święczkowski no se le permitió entrar en el edificio.
El alcance de la intervención policial es objeto de versiones enfrentadas. Los críticos del Gobierno denuncian que la policía y los jueces elegidos por el Sejm accedieron por la fuerza a la sede, mientras que la Policía de Varsovia sostiene en su comunicado oficial que los agentes permanecieron en el exterior, con funciones de seguridad, tras recibir avisos del fiscal general y de una jueza del Tribunal sobre posibles riesgos para magistrados y personal.
El presidente Karol Nawrocki, que volaba hacia Senegal, dio la vuelta y escribió en X que «en un momento así el presidente debe estar en Polonia». Acudió de madrugada al Tribunal, facilitó la entrada del vicepresidente Sochański y denunció en una declaración una violación del orden constitucional y la toma por la fuerza de un órgano del Estado. Convocó además consultas urgentes con las fuerzas parlamentarias. El Gobierno de Donald Tusk, por su parte, presenta su actuación como una restauración del Estado de derecho.
Lo que está en juego para los católicos
El instituto jurídico católico Ordo Iuris calificó los hechos de «atentado sin precedentes contra un órgano constitucional», cuestionó la base legal de la suspensión de la cúpula del Tribunal y pidió la reacción de la Comisión de Venecia, las instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la OSCE.
El Tribunal Constitucional no es una institución ajena a las cuestiones que más preocupan a los católicos polacos. En octubre de 2020 declaró inconstitucional el aborto por graves anomalías del feto, una sentencia que entró en vigor en enero de 2021. Su composición futura puede pesar, por tanto, en la evolución del derecho de familia y la protección de la vida, aunque la crisis actual no gire en torno a ninguna ley concreta sobre esta materia.
