(InfoCatólica) La ley de suicidio asistido del estado de Nueva York entrará en vigor el próximo 5 de agosto sin mecanismos de supervisión tras la dispensación de los fármacos letales ni seguimiento alguno del paciente, según recogen las normas de aplicación publicadas por el Departamento de Salud estatal. El Arzobispo de Nueva York, Mons. Ronald Hicks, ha calificado la legislación como «el último ataque a la vida humana, el siguiente paso hacia una mentalidad de descarte total», mientras activistas y organizaciones alertan de que la norma perjudicará a las personas más vulnerables.
La ley, aprobada por la legislatura estatal en 2025 y promulgada por el gobernador el pasado febrero, permite a personas con diagnóstico de enfermedad terminal y un pronóstico de seis meses o menos de vida solicitar medicamentos para poner fin a su existencia. El reglamento propuesto por el Departamento de Salud, cuyo período de comentarios públicos finaliza dos días antes de la entrada en vigor, establece dos solicitudes verbales del paciente con un intervalo mínimo de 48 horas, una solicitud escrita con dos testigos, un formulario de declaración final 48 horas antes de la toma de la medicación y un período de espera de cinco días entre la emisión de la receta y su dispensación en farmacia. Los pacientes se autoadministrarían los fármacos letales. El certificado de defunción consignaría como causa de muerte la enfermedad subyacente, no el suicidio.
«Una nueva y aterradora era»
En un artículo publicado el 2 de junio en First Things, Mons. Hicks enmarcó la legislación neoyorquina en lo que el Papa Francisco denominó «cultura del descarte»: una mentalidad en la que «quienes son considerados inconvenientes, ya no útiles o una carga son desechados». El arzobispo conectó el suicidio asistido con más de cincuenta años de aborto legalizado en Estados Unidos y con actitudes similares hacia los inmigrantes, las personas sin hogar, la indiferencia ante las calamidades de la guerra y las peticiones de ampliar la pena de muerte.
«Cuando esta ley entre en vigor, comenzará una nueva y aterradora era en Nueva York», advirtió Mons. Hicks. «¿Cuánto tiempo pasará antes de que esta supuesta "compasión" por los enfermos terminales evolucione de una "elección" a una expectativa de suicidio por todo tipo de personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los ancianos y quienes viven en comunidades empobrecidas y con acceso limitado a servicios médicos?».
El precedente canadiense
El arzobispo señaló que la advertencia sobre la «pendiente resbaladiza» no es hipotética: en Canadá, una legislación concebida inicialmente solo para enfermos terminales se amplió con rapidez a personas con enfermedades crónicas no mortales, como la artritis, que deseen solicitar la ayuda de un médico para poner fin a su vida. El próximo año, escribió Hicks, la ley canadiense se extenderá de nuevo para incluir a personas cuya única condición subyacente sea una enfermedad mental, como depresión, ansiedad o anorexia.
La contradicción con la prevención del suicidio
Mons. Hicks subrayó una paradoja en la política pública neoyorquina: el estado dedica grandes recursos a la prevención del suicidio entre los jóvenes, los puentes y pasos a nivel exhiben carteles que recuerdan que «la vida vale la pena» junto con números de ayuda, y hace solo unas semanas la policía rescató a una mujer que amenazaba con lanzarse desde un edificio. Agentes del Departamento de Policía de Nueva York se sentaron en la cornisa con ella, le tomaron la mano y la convencieron de ponerse a salvo. «Uno se pregunta si, a medida que se extienda esta cultura del descarte, una persona desesperada que considere el suicidio ya no necesitará saltar desde un puente o arrojarse a las vías del tren», escribió el arzobispo. «Bastará una rápida llamada a un médico para conseguir los fármacos necesarios para acabar con todo, con la plena bendición del Estado».
Personas con discapacidad, las más expuestas
José Hernández, defensor de los derechos de las personas con discapacidad de la New York Association on Independent Living, criticó la ley por su impacto sobre este colectivo. Hernández, que quedó tetrapléjico tras un accidente de buceo a los 15 años, declaró a EWTN News que la sociedad ya trata a muchas personas con discapacidad como una «carga» y que para ellas «todo es una lucha». Criado en el sur del Bronx, expresó su preocupación por que las compañías de seguros se vean incentivadas a aprobar la alternativa más barata del suicidio asistido.
Su perspectiva está marcada por su propia experiencia familiar: cuando tenía 8 años, a su madre le diagnosticaron cáncer terminal y le dieron seis meses de vida, el mismo pronóstico que la habría hecho elegible para el suicidio asistido según la nueva ley. Vivió trece años más. Al ser preguntado qué les diría a quienes consideran el suicidio asistido, Hernández les instó a valorar alternativas como los cuidados paliativos y de hospice.
La ley protege a los médicos, no a los pacientes
Jamie Towey, portavoz de Aging With Dignity, declaró a EWTN News que «el suicidio asistido es la respuesta equivocada a problemas reales». Towey alertó de que la ley neoyorquina «no es el final; es solo el principio», y reveló que la versión original del proyecto era más radical, sin períodos de espera ni requisitos de residencia estatal: «El lobby de la atención afirmativa al suicidio luchará para que se retome esta versión. Esa es su estrategia».
Jessica Rodgers, directora de coaliciones del Patients' Rights Action Fund, denunció que las leyes sobre suicidio asistido en Estados Unidos «están redactadas para proteger a los médicos que prescriben, no a los pacientes». Rodgers señaló que la normativa propuesta no establece supervisión alguna tras la dispensación de los fármacos: «Seguiremos viendo cómo pacientes vulnerables se ven perjudicados por esta política discriminatoria».
El testimonio de Francisco y Juan Pablo II
Mons. Hicks abrió su artículo con unas palabras de su predecesor en la sede de Nueva York, el Cardenal Terence Cooke, escritas poco antes de morir de leucemia en octubre de 1983: «La vida no es menos bella cuando va acompañada de enfermedad o debilidad, hambre o pobreza, dolencias físicas o mentales, soledad o vejez». El arzobispo invitó a recordar el testimonio de Francisco, que «visiblemente debilitado por la enfermedad y la edad» recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil el Domingo de Pascua, demostrando la dignidad de la vida horas antes de su muerte, y el de San Juan Pablo II, que dio el mismo ejemplo antes de su fallecimiento en 2005.
Frente al suicidio asistido, Hicks recordó que existen alternativas concretas de cuidados paliativos, como las que ofrecen el Calvary Hospital y las Hermanas Dominicas de Hawthorne en la propia archidiócesis de Nueva York. La Conferencia Católica del Estado de Nueva York ha publicado una guía titulada Now and at the Hour of Our Death: A Catholic Guide to End-of-Life Decision-Making para ayudar a los fieles a afrontar las decisiones al final de la vida.
«Lo que comienza como una decisión personal podría derivar en situaciones donde fuerzas externas, como agencias gubernamentales o compañías de seguros, comiencen a influir o incluso a dictar las decisiones sobre el final de la vida», concluyó Mons. Hicks. «Es un futuro contra el que debemos protegernos con compasión y vigilancia».
