(HRW/InfoCatólica) Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un endurecimiento significativo de la presión contra las comunidades católicas en China y ha pedido al Papa León XIV que revise con carácter urgente el acuerdo provisional entre la Santa Sede y Pekín sobre el nombramiento de obispos, firmado en 2018.
Según el informe publicado por la organización, una década después del inicio de la campaña de «sinización» de la religión impulsada por el presidente Xi Jinping, los cerca de 12 millones de católicos del país afrontan un control ideológico cada vez más estricto, una vigilancia creciente y nuevas restricciones a su libertad de movimientos.
El acuerdo de 2018, bajo cuestionamiento
El Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de obispos, suscrito en 2018, puso fin a una disputa histórica sobre la provisión de sedes episcopales en el país. Su texto completo nunca se ha hecho público, pero establece que Pekín propone candidatos que el Pontífice puede vetar. Según HRW, el acuerdo ha sido renovado en tres ocasiones y mantiene su vigencia hasta octubre de 2028. La organización asegura que ningún Papa ha ejercido el derecho de veto, incluso después de que el Gobierno chino nombrara obispos unilateralmente en violación de los términos pactados. El informe añade que León XIV, en el pontificado desde mayo de 2025, ha aprobado cinco designaciones propuestas por Pekín.
«Una década después del inicio de la campaña de sinización de Xi Jinping, y casi ocho años después del acuerdo entre la Santa Sede y China de 2018, los católicos en China afrontan una represión creciente que vulnera sus libertades religiosas», declaró Yalkun Uluyol, investigador sobre China de HRW. «El Papa León XIV debería revisar con urgencia el acuerdo y presionar a Pekín para que ponga fin a la persecución y la intimidación de las iglesias clandestinas, del clero y de los fieles».
Para elaborar el informe, HRW entrevistó fuera del país a nueve personas con conocimiento directo de la vida católica en China, así como a expertos en libertad religiosa y catolicismo chino, y revisó documentos gubernamentales y publicaciones oficiales. El 7 de abril de 2026, la organización remitió un resumen de sus conclusiones al Gobierno chino y a la Santa Sede para recabar su reacción. Ninguno de los dos había respondido en el momento de la publicación.
Presión sobre la Iglesia clandestina
En China solo se permiten cinco religiones oficialmente reconocidas (budismo, taoísmo, catolicismo, protestantismo e islam) y el Estado controla estrechamente su funcionamiento, incluidos los nombramientos, las finanzas y el acceso a los seminarios. Los católicos únicamente pueden practicar su fe de manera legal en iglesias encuadradas en la Asociación Patriótica de los Católicos Chinos, bajo tutela gubernamental. La Iglesia clandestina, que rechaza prestar juramento de fidelidad al Partido Comunista, es la que más sufre la represión.
Desde 2018, según HRW, las autoridades chinas han intensificado la presión sobre las comunidades clandestinas mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas y arrestos domiciliarios de obispos y sacerdotes. Los testimonios recogidos coinciden en que el acuerdo con la Santa Sede ha dejado a los católicos clandestinos «sin otra opción que unirse a la iglesia oficial», según una persona cuya iglesia fue demolida y cuya comunidad fue amenazada. Otro testigo describió el pacto como «un arma inteligente para destruir legalmente las iglesias clandestinas», al considerar que numerosos obispos mayores, perseguidos durante años, han fallecido o han sido sustituidos por prelados designados con aprobación del Gobierno.
Un sacerdote exiliado advirtió, según recoge HRW, que «muchos obispos clandestinos son ancianos y no se están nombrando nuevos; esas comunidades pueden sobrevivir con sus sacerdotes durante un tiempo, pero a largo plazo los católicos clandestinos en China desaparecerán».
El informe nombra a varios prelados perseguidos. Dos obispos de la Iglesia clandestina, Joseph Zhang Weizhu y Melchoir Shi Hongzhen, han sido finalmente reconocidos por Pekín. Otros dos, Augustine Cui Tai y Thaddeus Ma Daqin, permanecen detenidos, bajo arresto domiciliario o con su ministerio restringido por obispos designados por el Gobierno. James Su Zhimin, de 94 años, y Xin Wenzhi, de 63, continúan en paradero desconocido como víctimas de desaparición forzosa. Vincent Guo Xijin y Peter Shao Zhumin siguen bajo arresto domiciliario. HRW añade que el clero liberado de la prisión sigue sufriendo hostigamiento: un sacerdote, según un testimonio, tiene prohibido abrir cuentas bancarias, disponer de tarjetas SIM o de pasaporte, y carece «de medios de subsistencia».
Control ideológico y vigilancia en las iglesias oficiales
La campaña de «sinización», anunciada por Xi Jinping en abril de 2016, exige que los templos y las enseñanzas religiosas reflejen la cultura china de raíz han y la ideología del Partido Comunista. Aunque en 2018 representantes del Vaticano llegaron a presentar la sinización como un proceso potencialmente compatible con la inculturación cristiana, los especialistas consultados por HRW sostienen que, en la práctica, se trata de imponer la ideología del partido sobre la creencia religiosa.
Los sacerdotes reciben formación política con frecuencia creciente, en algunos casos hasta dos veces por semana. Además, sus enseñanzas deben someterse a la aprobación de las autoridades competentes. En diciembre de 2023, la Asociación Patriótica publicó un plan quinquenal para profundizar la sinización del catolicismo que llama a desarrollar una doctrina, un gobierno, una liturgia y un arte sacro con características chinas «compatibles con la sociedad socialista». El documento, según HRW, no menciona a la Santa Sede ni al acuerdo de 2018 y utiliza el término «sinización» en 73 ocasiones. En septiembre de 2025, las autoridades promulgaron además un Código de Conducta en Internet para Profesionales Religiosos que prohíbe la circulación en red de contenidos religiosos no autorizados.
Las autoridades han instalado cámaras en el interior de algunas iglesias, han limitado los horarios de las celebraciones litúrgicas, han exigido el registro previo de los fieles para asistir a misa en determinadas zonas y han restringido la entrada de menores en los templos. Un católico procedente de Shaanxi relató a HRW que, tras la incorporación forzosa de su comunidad a la iglesia oficial, los horarios de las misas pasaron a ser «irracionales» y se cancelaron los coros. Otros fieles de Mongolia Interior, citados por la organización, han llegado a organizar falsas bodas «solo para poder reunirse a rezar» al margen de la vigilancia.
Restricciones a menores, a la caridad y a los viajes del clero
El informe señala que, desde la revisión en 2018 del Reglamento sobre Asuntos Religiosos, las autoridades chinas han endurecido la prohibición de que los menores accedan a las iglesias y participen en actividades religiosas. Un documento interno atribuido al Grupo Dirigente Central del Frente Unido, fechado en septiembre de 2025 y revisado por HRW, aunque no verificado de manera independiente, ordenaría a los padres no impartir educación religiosa en el hogar y pediría a los centros escolares que «guíen a los estudiantes para denunciar proactivamente» cualquier caso detectado.
La organización advierte también del cierre sistemático de orfanatos y centros de atención a la infancia con discapacidad vinculados a la Iglesia católica. Según una fuente que supervisa la situación de los católicos en China, «durante la última década las autoridades han retirado el estatus legal de casi todos los centros de bienestar social» de titularidad católica. Los menores atendidos en esas instituciones habrían sido trasladados a centros estatales.
En diciembre de 2025, la Asociación Patriótica y la Conferencia de Obispos Católicos de China adoptaron un Reglamento Provisional sobre la Gestión Estandarizada de los Documentos de Viaje del Clero Católico, que obliga a obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas a entregar su documentación de viaje a las autoridades competentes. Los desplazamientos fuera del continente, incluso por motivos personales, quedan condicionados a la aprobación estatal. En paralelo, el Reglamento sobre la Administración de las Actividades Religiosas de los Extranjeros en el Continente, también de 2025, prohíbe a los extranjeros predicar, impartir homilías u organizar actividades religiosas en grupo sin autorización, así como producir o distribuir materiales religiosos.
Llamamiento a la Santa Sede y a los Gobiernos
HRW sostiene que estas actuaciones contravienen el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que China ha firmado pero no ratificado, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que sí es parte.
«La Santa Sede y los Gobiernos concernidos deberían presionar a Pekín para que respete la libertad religiosa de todos los católicos y de las demás religiones en China», concluye Uluyol en el informe. «El Gobierno chino debería dejar de perseguir e intimidar a los fieles por mantener su fe y su espiritualidad al margen del control del Partido Comunista».
