(InfoCatólica) Podría pensarse que no es más que una «cofradía», pero como dice el refrán, «el comer y el rascar todo es empezar». Hoy se quiere obligar a una institución tan antigua que todavía no se había descubierto América a pasar por el aro del wokismo en nombre «de la Igualdad». Con los mismos criterios se podría obligar a la Iglesia católica a que «no discrimine» y consagre obispesas y papisas.
El Gobierno de España ha iniciado el proceso para retirar a la Semana Santa de Sagunto (Valencia) su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, distinción que ostentaba desde 2004. La decisión llega después de que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, entidad religiosa privada con más de 500 años de historia, rechazara en votación interna la admisión de mujeres como cofrades.
La Secretaría de Estado de Turismo incoará un expediente de revocación tras la votación celebrada a mediados de marzo de 2026, en la que 267 cofrades se pronunciaron en contra de la propuesta frente a 114 a favor. El resultado, fruto de un proceso interno y soberano de la cofradía, ha provocado la reacción inmediata del Ejecutivo.
Base legal invocada por el Gobierno
La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional se regula mediante la Orden Ministerial ICT/851/2019, cuyo artículo 3d alude al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo. El Gobierno considera que las limitaciones estatutarias de la cofradía pueden afectar a ese requisito, al excluir a las mujeres de la participación. El artículo 13 de la misma orden contempla la posibilidad de retirar la declaración cuando la fiesta deje de cumplir alguno de los requisitos exigidos.
«El Gobierno de España está comprometido en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres por encima de cualquier otra consideración, por lo que siempre se pronunciará y actuará en contra de cualquier discriminación por el hecho de ser mujer», ha subrayado el Ejecutivo. Desde el Instituto de las Mujeres, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, se ha ido más lejos al afirmar que impedir la participación de las mujeres «no responde a una tradición», sino que «constituye una forma de discriminación prohibida por la ley y contraria a los derechos fundamentales».
El Gobierno ha invocado asimismo la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007, que establece la obligación de garantizar la igualdad en el acceso y la participación en entidades abiertas al público. Según el Ejecutivo, aunque las asociaciones gozan de libertad organizativa, sus estatutos deben respetar el principio de igualdad y no discriminación.
Casos similares y jurisprudencia reciente
El de Sagunto no es un caso aislado. Desde 2025, el Instituto de las Mujeres se ha dirigido a otras dos cofradías por situaciones análogas: la Cofradía Marraja de Murcia, mediante oficio remitido en febrero de 2025, y la Asociación Hermandad Dulce Nombre de Jesús de Valera de Abajo (Castilla-La Mancha), en marzo de 2026. Según una sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 2025, favorable a una mujer excluida de una cofradía en Tenerife, habría contribuido a establecer una jurisprudencia que abre la puerta a este tipo de intervenciones.
Un conflicto entre libertad asociativa y política de igualdad
La cuestión de fondo afecta a la relación entre el poder político y la autonomía interna de las asociaciones religiosas. Las cofradías son entidades privadas, con sus propios estatutos, historia e identidad espiritual. Condicionar el mantenimiento de un título oficial a la modificación de la organización interna de una de estas entidades supone una forma de presión directa del Estado sobre la vida asociativa religiosa.
Las consecuencias de la eventual retirada de la declaración no serían solo simbólicas: la distinción de Interés Turístico Nacional tiene repercusiones en el equilibrio económico y social de la localidad, lo que incrementa la presión sobre la cofradía.
Mientras tanto el silencio del Arzobispado de Valencia resulta llamativo, al no haberse pronunciado públicamente sobre un caso que afecta directamente a una institución católica de su jurisdicción. En el ámbito político, el presidente de la Generalitat Valenciana ha hecho un llamamiento al diálogo, aunque marcando una dirección clara hacia la igualdad tal como la define el ordenamiento vigente.
