(LifeNews/InfoCatólica) Texas ha puesto en vigor una nueva ley provida destinada a frenar el envío por correo de píldoras abortivas, una práctica que —según denuncia Texas Right to Life— alimenta un mercado clandestino que termina con la vida de niños no nacidos y expone a las mujeres a graves riesgos. La norma comenzó a aplicarse hoy y, de acuerdo con lo difundido por la organización, convierte a Texas en el estado con la respuesta más dura frente a la distribución postal de fármacos destinados al aborto químico.
La información publicada sostiene que esta legislación es el intento «más amplio y expansivo» en Estados Unidos para golpear a la industria abortista subterránea. Según se indica, hasta ahora activistas habrían introducido en Texas al menos 19.000 pedidos anuales de fármacos abortivos. En la descripción ofrecida, estas píldoras provocan la muerte del no nacido y expulsan su cuerpo del vientre materno. Además, se afirma que una de cada diez mujeres que las toma termina en la sala de urgencias.
Texas Right to Life también advierte de otro aspecto particularmente siniestro: la facilidad con la que estos productos pueden ser adquiridos por abusadores y traficantes de seres humanos, que —según la denuncia— los usarían para envenenar en secreto a mujeres embarazadas y matar a sus hijos por nacer. En este marco, la ley pretende cortar las vías de entrada y distribución de estas sustancias, especialmente cuando operan desde fuera del estado.
La norma se denomina Woman and Child Protection Act. Fue presentada por el representante Jeff Leach y patrocinada por el senador Bryan Hughes. Según el resumen divulgado, la ley establece tres objetivos principales: permitir que los texanos puedan cerrar empresas que vendan ilegalmente píldoras abortivas; posibilitar que mujeres dañadas por abortos ilegales demanden a quienes trafican con estos fármacos; y ayudar a los provida a frenar a activistas abortistas que se esconden en estados de orientación liberal.
El texto difundido señala que cualquier persona que infrinja la ley puede afrontar una demanda de 100.000 dólares por cada violación. Al mismo tiempo, se afirma que la Woman and Child Protection Act no castiga a las mujeres embarazadas y que incluye protecciones explícitas para la atención médica legítima. De ese modo, según se asegura, los profesionales sanitarios no tendrían de qué preocuparse al tratar embarazos ectópicos, abortos espontáneos, emergencias que amenacen la vida y otros fines médicos lícitos no relacionados con provocar intencionalmente la muerte del niño.
Pese a la entrada en vigor de esta medida estatal, Texas Right to Life sostiene que aún se necesita apoyo desde Washington para actuar contra compañías que envían píldoras abortivas desde el extranjero. En esa línea, afirma que el presidente Trump podría intervenir sin esperar a que el Congreso legisle, aplicando una prohibición ya existente del aborto por correo, mencionando expresamente la Comstock Act.
Finalmente, la organización provida asegura que desea replicar esta estrategia en todo el país, con el objetivo declarado de rescatar a los niños por nacer, ayudar a las madres y desmantelar lo que describe como la red criminal de la industria del aborto.
