(Agencias/InfoCatólica) La campaña de la izquierda para apropiarse de la Catedral de Córdoba es inasequible incluso al ridículo. En uno de los últimos intentos intentando aprovechar el incendio de este verano se encontró que la Unesco alaba la actuación del Cabildo de la Catedral de Córdoba.
El Ejecutivo español ha respondido al diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que no existen fundamentos jurídicos para cuestionar la propiedad del Cabildo Catedral de Córdoba sobre el monumento. La respuesta llega tras las preguntas parlamentarias formuladas a raíz del incendio del pasado 8 de agosto.
Conclusiones de los informes oficiales
El Gobierno ha señalado que «no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble» a favor del Cabildo Catedral de Córdoba, institución que inscribió el monumento en el Registro de la Propiedad en 2006 con la denominación de Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
La posición del Ejecutivo se sustenta en varios informes de la Abogacía del Estado que han analizado denuncias presentadas por particulares. Según la respuesta oficial, «en las actuaciones que, como diligencias previas de investigación, se llevaron a cabo a raíz de la denuncia presentada por un particular alegando la usurpación por el Obispado de Córdoba del inmueble conocido como Mezquita-Catedral, y con base en el informe de la Abogacía del Estado en Córdoba de 9 de abril de 2014, se concluyó que no existían indicios de que el inmueble pudiese ser de titularidad de la Administración General del Estado».
Ratificación del criterio jurídico
Esta conclusión ha sido ratificada en múltiples ocasiones. El Gobierno precisa que «se ratificó con ocasión de un nuevo escrito del denunciante, el 12 de mayo de 2014». Posteriormente, «se presentaron nuevos escritos de denuncia el 4 de agosto de 2014 y el 10 de enero de 2017 y, tras el informe de la Abogacía del Estado de 12 de abril de 2017, se concluyó que no se habían aportado elementos de juicio que permitiesen modificar el criterio anteriormente señalado, por lo que procedía su ratificación».
Las preguntas de Sumar
Enrique Santiago, portavoz comunista de IU en el Congreso y portavoz adjunto de Sumar, había planteado diversas cuestiones relacionadas con el incendio del monumento y la gestión del mismo. Entre ellas, preguntaba si el Gobierno iba «a realizar alguna acción para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, garantizar una gestión pública y transparente y, en el marco del Plan Director en tramitación, redactar un Código de Buenas Prácticas entre las administraciones públicas, académicas, ciudadanas y la Unesco para evitar acciones que perjudiquen a la imagen y el significado del monumento, tal y como solicitan la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas».
El diputado también había formulado preguntas sobre las medidas para evitar que el monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se utilice como almacén, así como sobre los mecanismos para que el Cabildo sufrague los costes de rehabilitación tras el incendio.
