(LSN/InfoCatólica) El proyecto de ley 260 de la Asamblea de California, aprobado la semana pasada con los votos a favor del partido mayoritario, busca proteger a quienes distribuyan mifepristona u otros medicamentos utilizados en abortos químicos desde California hacia estados con leyes que restringen o prohíben esta práctica.
Según el resumen legislativo, la norma autorizaría la dispensación de estos fármacos sin incluir en el registro el nombre del paciente, del prescriptor ni de la farmacia, aunque sí se exigiría conservar cierta información en los registros internos. No obstante, la ley prohibiría divulgar estos datos a individuos o entidades de otros estados, permitiendo el acceso únicamente mediante una citación judicial.
Distintas voces han mostrado su desacuerdo con esta legislación. El Consejo de la Familia de California ha señalado en un comunicado que la ley «pretende blindar a los proveedores de abortos frente a posibles responsabilidades, incluso cuando sus acciones pudieran perjudicar a mujeres o tener consecuencias en otros estados». Por su parte, el abogado del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, James Bopp, declaró al New York Times que, de aprobarse, la ley eliminaría toda posibilidad de «responsabilidad», ya que resultaría muy difícil probar el origen de los medicamentos administrados si no figuran datos identificativos en los envases.
El uso de leyes denominadas «de blindaje» ha aumentado desde la derogación del fallo Roe contra Wade, con varios estados como Nueva York aprobando medidas similares para impedir la persecución judicial de quienes envíen medicamentos abortivos a estados con legislación restrictiva. Texas, por ejemplo, mantiene actualmente un litigio con Nueva York por este motivo.
Además, desde que el presidente Joe Biden eliminó diversas regulaciones federales sobre el uso de fármacos abortivos, su distribución ha aumentado. Según el Instituto Guttmacher, estos medicamentos representan actualmente en torno al 63 % del total de abortos en Estados Unidos.
Estas leyes han sido objeto de análisis legal por parte de los fiscales generales de varios estados, que han remitido una carta al Congreso expresando su preocupación. En el texto, firmado por los representantes legales de 16 estados, se argumenta que las leyes de blindaje podrían contravenir la Constitución estadounidense al no reconocer debidamente los procedimientos judiciales de otros estados, en virtud de la cláusula de «Plena Fe y Crédito», y podrían entrar en conflicto con la cláusula de extradición.
Un informe del Ethics and Public Policy Center, citado por medios especializados, señala que el uso de mifepristona puede acarrear complicaciones médicas. Según el estudio, un 10,93 % de las mujeres experimentaría efectos adversos graves como sepsis, infecciones o hemorragias en las semanas posteriores a su administración.
¿Deseas que prepare también una versión más breve para redes sociales o titular de boletín?
