(C-Fam/InfoCatólica) Cada año, el Departamento de Estado de EE.UU. publica un informe en el que evalúa la situación de los derechos humanos en todos los países. Aunque el informe está ordenado por el Congreso, su alcance y enfoque pueden variar según la administración estadounidense en el poder, dependiendo de sus prioridades e interpretación de los derechos humanos.
The Washington Post escribió que los «informes preliminares examinados por el Post no contienen ninguna referencia a la violencia de género ni a la violencia contra personas LGBTQ+ (sic)».
Amanda Klasing, directora nacional de relaciones gubernamentales y defensa de Amnistía Internacional, criticó el documento por «minimizar» ciertas violaciones de derechos humanos sufridas por «poblaciones marginadas, incluidas personas refugiadas y solicitantes de asilo, mujeres y niñas, pueblos indígenas, minorías étnicas y religiosas, y personas LGBTQI+ (sic) en todo el mundo».
Klasing criticó al Secretario de Estado de EE. UU, Marco Rubio, por intentar «limitar el alcance» del informe. Afirma que Rubio dio instrucciones a los redactores del informe para que «eliminaran todo lo que no estuviera mandatado por la ley» y que la «administración Trump ha convertido este informe en otra herramienta para oscurecer los hechos con el fin de impulsar políticas contrarias a los derechos».
El informe sobre derechos humanos de EE. UU. del año pasado, publicado bajo la Administración Biden, menciona a Amnistía Internacional, OutRight International, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays – Europa (ILGA-EUROPE), entre otros grupos, como fuentes en el tema de los «actos de violencia, criminalización y otros abusos basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género, o características sexuales». El informe de Biden mantenía una sección especial sobre violaciones de derechos humanos basadas en la identidad de género y criticaba a varios países por no permitir que parejas homosexuales/trans adoptaran hijos.
La reducción del alcance del informe y la eliminación de referencias polémicas a derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género es coherente con la política exterior de Trump, que se opone a la ideología de género y sostiene que la identidad de género «no proporciona una base significativa para la identificación y no puede ser reconocida como un sustituto del sexo».
En una declaración pronunciada en un acto copatrocinado por C-Fam (editor de Friday Fax) a principios de este año, el representante estadounidense afirmó que la misión de EE. UU. ha participado en «duras negociaciones en una amplia variedad de resoluciones de la ONU, luchando contra la ideología de género y solicitando votaciones cuando ha sido necesario, para promover la política exterior de Estados Unidos Primero del presidente Trump». Desde que Trump asumió el cargo, la misión de EE. UU. ante la ONU ha rechazado sistemáticamente cualquier referencia a la ideología de género en documentos y programas de la ONU.
Las referencias a la orientación sexual y la identidad de género siguen siendo altamente polémicas en la ONU y son rechazadas por muchos Estados miembros cuyas creencias morales, culturales y religiosas se oponen a una interpretación progresista de los derechos humanos. Estos países suelen adoptar una interpretación originalista de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y critican a los países occidentales y a algunos organismos de la ONU por ampliar el alcance de la DUDH más allá de su marco original.
Según The Washington Post, un alto funcionario del Departamento de Estado declaró que el «informe sobre derechos humanos [de este año] se centra en cuestiones fundamentales» y que «la administración Trump aportará un nuevo enfoque a algunos temas, incluida la libertad de expresión».
