(Fides/InfoCatólica) El arzobispo de Madang, Anton Bal, ha dado una charla a 74 catequistas de 22 parroquias durante un retiro de verano. Su análisis parte de la reacción de muchos indígenas ante la enfermedad o la muerte, percibidas como consecuencia de hechizos.
La acusación de brujería se dirige con frecuencia a personas que atraviesan períodos de duelo. En otros casos, las víctimas son elegidas por venganza, celos o interés económico, aprovechando la fragilidad emocional de las familias. «Es en los momentos de dolor cuando el mal se aprovecha para insinuar la presencia de brujería. Pero es precisamente ahí donde la Iglesia está llamada a estar presente», señaló el arzobispo Bal, antes de enumerar las acciones que considera fundamentales para prevenir la violencia.
En primer lugar, pidió una «presencia espiritual continua», es decir, que sacerdotes y catequistas acompañen a las familias en el duelo con oración y consuelo. También subrayó la importancia de un «apoyo material» de la Iglesia para reducir la presión social y frenar acusaciones manipuladas. Además, solicitó a las familias de los difuntos un compromiso serio para «evitar discusiones sobre brujería durante el duelo».
Otra medida clave es la verificación oficial de las causas de las muertes, mediante certificados médicos o policiales, para prevenir sospechas infundadas. En casos de violencia ya en curso, es necesario garantizar «la protección inmediata de las víctimas», así como denunciar a los responsables de la intimidación. Todo ello debe sustentarse en «un fundamento bíblico», recordando —según el arzobispo— que «solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte».
Se da la circunstancia de que este mismo año Papúa Nueva Guinea adoptó el cristianismo como religión de estado y la Biblia como símbolo nacional
Sobre todo mujeres
Desde una perspectiva más amplia, SARV constituye una crisis persistente en Papúa Nueva Guinea, donde cada año se estima que entre 50 y 150 personas, especialmente mujeres, son asesinadas tras ser acusadas de brujería. La falta de servicios sanitarios, el analfabetismo y la carencia de educación contribuyen a que estas creencias alimenten la violencia. Sin embargo, en los últimos meses se han producido avances significativos: en julio de 2025, ocho hombres fueron arrestados por la tortura y asesinato de Rosa Yakapus, acusada falsamente tras la muerte de su esposo. Además, la llamada Ley Glasman de 2022 permitió la primera condena por acusaciones falsas de brujería, con la sentencia a prisión de James Mon por un caso que desembocó en asesinato colectivo.
Instituciones eclesiales como Caritas Papúa Nueva Guinea desempeñan un papel fundamental en la prevención, el rescate y la rehabilitación de víctimas. La ONU también respalda programas educativos en comunidades de las Tierras Altas, mientras que activistas como Monica Paulus llevan años ofreciendo refugio y asistencia a quienes sufren estas acusaciones.
El compromiso de Anton Bal contra la violencia ligada a la superstición se remonta a los años ochenta, cuando, siendo seminarista en las Highlands, organizaba encuentros para promover la reconciliación entre tribus. Desde entonces, su labor pastoral ha estado marcada por la educación social y la colaboración con comunidades y autoridades civiles, siempre con la convicción de que la fe y la formación son el camino más sólido contra el miedo y la violencia.
