(NCRegister/InfoCatólica) El arzobispo de Toulouse, Guy de Kerimel, está recibiendo duras críticas por nombrar como canciller diocesano a un sacerdote previamente condenado por violar a un menor de 16 años, una decisión que ha desatado la indignación de asociaciones de víctimas y de la comunidad católica local.
Monseñor De Kerimel designó al padre Dominique Spina como canciller y delegado episcopal para los matrimonios, con efecto a partir del 1 de septiembre, según un decreto publicado el 2 de junio en la página web de la archidiócesis. El nombramiento salió a la luz el 7 de julio, cuando el diario regional La Dépêche du Midi informó sobre el asunto.
El padre Spina fue condenado en 2006 por el Tribunal de Apelación de Tarbes por la violación de un alumno de 16 años en 1993, mientras ejercía como director espiritual en el colegio Notre-Dame de Bétharram. La sentencia le impuso cinco años de prisión, de los cuales cumplió cuatro y uno quedó en suspensión.
Monseñor De Kerimel defendió su polémica elección en declaraciones a la agencia AFP, asegurando que había optado por «el lado de la misericordia» al ascender a Spina, quien llevaba cinco años trabajando en los archivos diocesanos.
«Es cierto que el padre Spina cumplió una condena de cinco años de prisión, con uno en suspensión, por unos hechos muy graves que tuvieron lugar hace casi 30 años», señaló el arzobispo, según recoge Le Monde.
Justificó el nombramiento alegando que los responsables eclesiásticos «no tienen nada que reprochar a este sacerdote en los últimos 30 años». Añadió, además, que el padre Spina «ya no asume responsabilidades pastorales, salvo la celebración de la Eucaristía en privado o, de forma excepcional, para los fieles».
La decisión ha generado una ola de indignación dentro de la Iglesia. «Lo ofensivo es que se trata de un sacerdote condenado por la violación de un menor. Es inaceptable», declaró un católico de Toulouse a La Dépêche du Midi.
El portal católico Tribune Chrétienne calificó el nombramiento de «sorprendente» y señaló que plantea «serias dudas» sobre la coherencia del compromiso de la Iglesia en la lucha contra los abusos, especialmente a raíz del informe de la CIASE publicado en 2021.
El caso también suscita cuestiones canónicas, ya que el Código de Derecho Canónico establece que los cancilleres diocesanos deben ser personas «de reputación intachable y por encima de toda sospecha».
