(UCANews/InfoCatólica) Destacadas voces del catolicismo en el Reino Unido han manifestado su profunda inquietud ante un proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Keir Starmer, que obligaría a los clérigos cristianos a revelar información obtenida durante confesiones sacramentales relacionadas con abusos sexuales.
«Los sacerdotes siempre intentan cumplir la ley, pero no lo harán si ésta contradice la enseñanza católica», afirmó Timothy Guile, presidente de la Asociación de Historia Católica Inglesa. «Ningún sacerdote arriesgará la excomunión por romper el sigilo confesional: preferirán ir a prisión antes que ceder ante tales exigencias. Una vez más, nos enfrentamos a ministros y políticos que no tienen conocimiento ni comprensión de la fe religiosa».
Estas declaraciones surgen tras la confirmación por parte del Ejecutivo británico de que no se contemplarán excepciones en las obligaciones de denuncia establecidas en el nuevo Proyecto de Ley de Crimen y Policía.
En entrevista con OSV News, Guile calificó la iniciativa como «una legislación anticatólica» y recordó medidas represivas contra la Iglesia que se remontan a la Reforma.
Por su parte, Antonia Sobocki, directora católica de la organización LOUDFence y defensora de víctimas de abusos, también expresó reservas, aunque señaló que «es muy raro» que los agresores busquen la absolución en confesión. «La mayoría desarrollan mecanismos mentales que justifican sus actos, convenciéndose de que no son pecaminosos o que están fuera de su control y culpa de otros», explicó. Añadió que «la gente debería dejar de instrumentalizar el abuso infantil para dañar y atacar a la Iglesia. Eso parece estar ocurriendo en este caso, y resulta especialmente ofensivo».
El texto legislativo, presentado el 25 de febrero por la ministra del Interior, Yvette Cooper, contempla ampliar los poderes policiales frente al terrorismo, crimen internacional, desórdenes públicos y conductas antisociales, además de endurecer sanciones por acoso y delitos sexuales. Un capítulo se centra en el abuso sexual infantil e impone la obligación de denunciar a los sospechosos, con penas de hasta siete años de prisión para quienes lo impidan o disuadan.
Un memorando adjunto al proyecto establece que un «asesor religioso o espiritual» que escuche confesiones no estará protegido por las cláusulas de libertad religiosa de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. «La libertad religiosa del asesor puede verse limitada, ya que podría estar en conflicto entre sus obligaciones legales y sus convicciones religiosas», añade el documento. El Gobierno considera esta interferencia «justificada» por la necesidad social de combatir el abuso infantil, incluso en contextos religiosos.
Durante un debate parlamentario el 22 de abril, el obispo anglicano David Walker advirtió que «el sigilo de la confesión ha sido respetado durante siglos» y señaló que los obispos católicos británicos estarían «particularmente preocupados» por su posible violación.
Un ministro del Gobierno, David Hanson, reconoció haber recibido inquietudes de representantes eclesiásticos y se comprometió a mantener el diálogo. Sin embargo, el 13 de mayo, el Ministerio del Interior afirmó a la National Secular Society que «no habrá excepciones» respecto al lugar en que se reciba la información, «incluidos los confesionarios».
El padre Gerard Maguiness, secretario general de la Conferencia Episcopal Escocesa, indicó que los líderes eclesiásticos están analizando el proyecto, aunque aún desconocen su impacto concreto. Mientras tanto, un portavoz de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales expresó que la Iglesia tiene «preocupaciones legítimas» y evaluará los «próximos pasos» tras dialogar con autoridades.
El portavoz subrayó que la protección de menores está «en el corazón de la misión» de la Iglesia, y recordó que la experiencia en otros países no ha mostrado «problemas con el sigilo de la confesión».
Sobocki señaló en su entrevista que algunos sacerdotes ya han «implementado salvaguardas», hablando previamente con los agresores antes de permitirles confesarse. Añadió que el polémico proyecto podría ofrecer a los líderes eclesiásticos una «oportunidad positiva» para buscar un mecanismo que proteja «la integridad y la moralidad» del sacramento.
«Podría no haber conflicto si hallamos una forma de combinar nuestra fe con la seguridad de los más vulnerables», dijo. «Si existe un deber de denuncia, podrían encontrarse formas de cumplirlo sin comprometer el sigilo confesional ni forzar a los sacerdotes a elegir entre su vocación y la ley».
El Proyecto de Ley, que espera su tercera lectura parlamentaria, recoge recomendaciones de la Investigación Independiente sobre el Abuso Sexual Infantil, cuyo informe de 488 páginas, entregado al Parlamento en octubre de 2022, solicitaba un «deber legal» de denuncia sin excepciones por relaciones confidenciales o religiosas.
En una declaración de noviembre de 2019 ante esta investigación, el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster y presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, sostuvo que el secreto de confesión es «parte esencial del ejercicio del sacerdocio», y advirtió que cualquier intento de reducirlo sería «rechazado».
Los cánones 983-984 del Código de Derecho Canónico declaran que el sigilo sacramental es «inviolable» y prohíben al confesor usar de forma alguna los conocimientos adquiridos en confesión, bajo pena de excomunión para quien lo viole directamente.
El historiador Guile advirtió que, si se aprueba, la ley causará un «conflicto serio», lamentando que los legisladores británicos no estén «mejor formados» sobre la función sacramental de la confesión. «Nuestros políticos parecen no comprender que la enseñanza católica tiene una dimensión mundial», concluyó.
