(InfoCatólica) En enero, El País, periódico español, publicó que el Papa había aceptado en su día la renuncia del cardenal Cipriani como arzobispo de Lima debido a una denuncia presentada contra él en 2018 por supuestos abusos a un menor cometidos en el año 1983. La supuesta víctima no quiso que su identidad fuese desvelada.
En una primera carta, el cardenal defendió su inocencia y explicó cuál había sido la actuación de la Santa Sede:
«... sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviese una residencia estable fuera del Perú».
El Vaticano confirmó ese mismo mes que las sanciones contra el cardenal seguían vigentes. En ningún caso se mencionó la apertura de un proceso por el cual el purpurado pudiese hacer valer su derecho a la defensa.
Su sucesor en Lima, el cardenal Carlos Castillo, arremetió entonces contra quienes se preguntaron cómo era posible que en la Iglesia se pudiese condenar a todo un cardenal sin dejar que se defendiese. Y la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) hizo público un comunicado en el que dijo que había que respetar el deseo de la presunta víctima de mantener su anonimato.
El cardenal Cipriani respondió tanto al cardenal Castillo como a la CEP con una carta en la que reafirmó su inocencia:
«Le escribí con relación al comunicado que la Presidencia de la Conferencia Episcopal hizo público en el día de ayer. También quise referirme a la Carta al Pueblo de Dios emitida por mi sucesor, el arzobispo de Lima y primado del Perú, Cardenal Carlos Castillo. En ambos casos, mi reacción fue de sorpresa y dolor por la injusticia con la que dieron por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona.
Lo afirmé en mi carta del 25 de enero y lo volví a hacer ahora: “no cometí ningún delito ni abusé sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después”».
El purpurado explicó también lo que hizo cuando se le comunicó el decreto de sanción por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe:
«... lo firmé declarando por escrito en el mismo acto que la acusación era absolutamente falsa y que obedecería a esas disposiciones –como así hice– por amor a la Iglesia y por comunión con el Romano Pontífice. Acepté unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarase la verdad, a pesar de que tuviesen su origen en una acusación falsa, de la que no me pude defender».
La carta acabó reafirmando su fidelidad a la Iglesia y agradeciendo los apoyos recibidos por quienes no «se dejaron confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor».
Respuesta de la CEP: más de lo mismo
Más de dos meses después la Presidencia de la Conferencia Episcopal del Perú ha respondido al purpurado que el Papa Francisco le ha tratado «con exquisita caridad pastoral» y ha procedido «uniendo la justicia y la misericordia».
Además, se remite a las declaraciones de la Sala de Prensa Vaticana del 26 de enero de este año, que confirmaban la existencia de «medidas impuestas» al cardenal Cipriani, según palabras del portavoz Matteo Bruni.
El comunicado de la CEP subraya también que, aunque Cipriani tiene derecho a defender su inocencia, la culpabilidad solo se determina en un proceso penal. No obstante, recuerda que existe un precepto penal que debe ser considerado y que no debe olvidarse «la exquisita caridad pastoral del Santo Padre».
Ni siquiera pudo defenderse
La presidencia del episcopado peruano no aclara ni cuál es ese precepto penal al que se refiere ni cómo se puede conjugar la caridad pastoral del Papa con el hecho de que no se ha permitido al cardenal Cipriani defender su derecho a la presunción de inocencia.
La realidad es que el cardenal ha sido castigado sin que se haya abierto un proceso canónico penal contra él. No ha podido defenderse. No sólo no se ha respetado su presunció de inocencia sino que, por supuesto, no se ha tenido en cuenta el principio más elemental de una justicia que quiera tener el nombre de tal: in dubio pro reo.
Como indicó Bruno Moreno en su blog en InfoCatólica, esta es una práctica habitual en el pontificado de Francisco. Se desprecian, se maltratan y se pisotean los derechos de, sacerdotes, obispos y cardenales. El último caso ha ocurrido en España con el conocido como «caso Gaztelueta», sobre el cual el abogado Benigno Blanco escribió un artículo mostrando el totalitarismo que hoy reina en la Iglesia.
Por otra parte, llama mucho la atención la diferencia de trato cuando el acusado tiene el aprecio y la cobertura personal del Papa, como ocurrió con el obispo Gustavo Zanchetta, quien gracias a la justicia del mundo pudo defenderse de las acusaciones, pero fue condenado por abusar sexualmente de seminaristas a cuatro años y medio de cárcel por un tribunal argentino.
