(Abc/InfoCatólica) El exprofesor del colegio Gaztelueta, José María Martínez, fue condenado a princios de marzo por abusos sexuales a un exalumno en un proceso canónico absolutamente irregular. La sentencia, dictada por el obispo de Teruel, José Antonio Satué, pedía su expulsión del Opus Dei, algo que la Prelatura no ha podido llevar a cabo porque Martínez pidió su baja voluntariamente.
Martínez explicó así su versión de los hechos:
«Ya he insistido muchas veces en las irregularidades del proceso canónico: se me ha juzgado dos veces por el mismo supuesto delito porque la absolución inicial (de 2015) no gustó a quien constituyó el tribunal eclesiástico; se me aplica una legislación aprobada con posterioridad a los supuestos hechos; el juez en su primera comunicación escrita me instó a declararme culpable; se me aplica una legislación que no se ha aplicado a ningún laico; en muchas instituciones de la Iglesia hay pederastas confesos y a mí se me expulsa del Opus Dei pese a que soy inocente del delito del que se me acusa. En fin, todo el proceso ha resultado una vergonzante pantomima. Nunca ha existido la más mínima posibilidad de defenderme».
Benigno le da la razón
El jurista y católico Benigno Blanco ha expresado su profunda preocupación por el modo en que se ha llevado a cabo el proceso canónico que ha derivado en la expulsión de José María Martínez del Opus Dei. En un artículo publicado en la Tercera de ABC, Blanco considera que el procedimiento llevado a cabo por el obispo de Teruel vulnera principios esenciales del derecho y de la doctrina social de la Iglesia en materia de justicia.
Blanco recuerda que, como católico, reconoce los poderes que tiene el Papa dentro de la Iglesia, pero como jurista espera que estos se ejerzan de acuerdo con la ética jurídica de aceptación universal. Dicha ética, sostiene, está en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que la Iglesia ha dado reiterado respaldo como garante de la dignidad humana.
El autor se declara escandalizado por el hecho de que el profesor Martínez, absuelto previamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe —el órgano competente según el derecho canónico—, haya sido juzgado de nuevo por un tribunal designado ad hoc, fuera del procedimiento ordinario y aplicando retroactivamente normas no vigentes en el momento de los hechos.
Entre las irregularidades señaladas, Blanco destaca que se rechazaron la mayoría de las pruebas propuestas por la defensa sin justificación, se impidió al acusado elegir a sus abogados y no se respetó su derecho a la presunción de inocencia. El obispo que firmó el decreto condenatorio, añade, ignoró por completo las pruebas periciales de la defensa y solo atendió a las del denunciante.
El jurista también denuncia que el Papa, quien ha tenido un papel impulsor en esta nueva fase del proceso, recibió al acusador pero no al acusado, lo que, en su opinión, pone en entredicho la imparcialidad debida. Asimismo, afirma que se modificaron normas de aplicación general exclusivamente para este caso, lo cual permitiría interpretar que el objetivo era obtener una condena a toda costa.
«Si esto lo hiciera un Estado contemporáneo», advierte Blanco, «no dudaría en calificarlo de totalitario e incompatible con los derechos humanos».
A pesar de lo que califica como un «entramado procesal escandaloso», Benigno Blanco reafirma su amor a la Iglesia y al Papa, y subraya el ejemplo de serenidad y fidelidad dado por José María Martínez. Concluye su reflexión mostrando su deseo de una Iglesia que ejerza el poder con transparencia y respeto a los derechos fundamentales que ella misma predica.
