(CH/InfoCatólica) El arzobispo caldeo de Erbil, Bashar Warda, figura en una demanda federal interpuesta en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia, Estados Unidos. La demandante, Sara Saleem, una promotora inmobiliaria con doble ciudadanía iraquí-estadounidense, le acusa de haber intervenido en un proceso penal en Irak a favor de los hermanos Hanna, conocidos empresarios vinculados a actividades ilícitas, a quienes relaciona con su secuestro y el desfalco de millones de dólares.
Warda, que ha sido un símbolo de la resistencia cristiana en Irak desde la ofensiva del Estado Islámico en 2014, ha ganado reputación como defensor de las minorías perseguidas y promotor de proyectos de reconstrucción. Este perfil le granjeó apoyos internacionales, incluyendo el del congresista estadounidense Chris Smith, con quien trabajó para impulsar ayudas a las comunidades cristianas de Irak.
Sin embargo, la demanda presentada el pasado 13 de febrero en Virginia, al amparo de las leyes estadounidenses contra el terrorismo y la tortura, lo acusa de actos de extorsión, secuestro y encubrimiento. Saleem sostiene que Warda actuó en connivencia con la familia Hanna para silenciar sus denuncias y forzar un acuerdo extrajudicial. Como prueba, ha aportado intercambios de mensajes de WhatsApp y una nota de voz enviada por el prelado, en la que este le recomienda modificar partes de su denuncia.
La familia Hanna, formada por los hermanos Nizar, Nameer y Ramez, está considerada una red mafiosa que amasó su fortuna mediante el contrabando durante los años de embargo a Irak en los 90, especialmente con el tráfico ilegal de tabaco. Según el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), controlan fábricas clandestinas, además de haber diversificado sus negocios hacia los bienes raíces, productos farmacéuticos y bebidas alcohólicas.
En 2014, firmaron un acuerdo de colaboración con Saleem, en virtud del cual se transfirieron 100 millones de dólares del Trade Bank of Iraq para financiar un proyecto urbanístico conjunto en Basora. Poco después, la empresaria denuncia haber recibido amenazas por negarse a pagar sobornos, y finalmente fue secuestrada durante tres meses.
Tras una sentencia en julio de 2023, los Hanna fueron condenados a tres años de prisión por fraude, pero un tribunal iraquí ordenó la repetición del juicio, permitiendo su liberación bajo fianza. Posteriormente, viajaron al extranjero, mientras el proceso sigue abierto. Saleem y su equipo denuncian corrupción en el sistema judicial iraquí y aseguran que el juicio está siendo manipulado.
Además del arzobispo Warda, la querella también menciona a varios líderes religiosos cristianos, entre ellos el patriarca siríaco católico Ignacio José III Younan, el patriarca de la Antigua Iglesia del Oriente, Mar Georges III Younan, y el obispo sirio ortodoxo Athanasios Toma Dawud.
Las acusaciones surgen en un contexto de tensiones dentro de la Iglesia caldea. Warda ha sido criticado por su cercanía al político y miliciano Rayan al-Kildani, sancionado por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, y con quien mantiene un pulso de poder frente al actual patriarca caldeo, Louis Raphael Sako. Esta pugna ha paralizado la sucesión patriarcal, pues Sako habría postergado su jubilación por las divisiones internas.
Desde el entorno de la archidiócesis de Erbil han desmentido las acusaciones contra Warda, calificándolas de «falsedades absurdas». El arzobispo ha asegurado que las refutará con contundencia en los foros judiciales correspondientes.