(LifeSite/InfoCatólica) En un esfuerzo por fortalecer el reconocimiento legal de los niños por nacer como personas con los mismos derechos fundamentales que cualquier otro ciudadano estadounidense, diez estados han presentado en lo que va de 2025 proyectos de ley que tratan el aborto como homicidio, aplicando las leyes existentes sobre asesinato. No obstante, estas iniciativas han encontrado resistencia, incluso entre algunos republicanos y sectores provida que temen las consecuencias legales y políticas de tales medidas.
Según reporta The Hill, desde comienzos del año, los estados de Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas han introducido proyectos legislativos para considerar el aborto como homicidio, en lugar de mantenerlo como una categoría legal separada con penas distintas. Algunas de estas leyes propuestas también abarcan otras formas de destrucción de embriones humanos, como ocurre en la fecundación in vitro.
«Tres de estos proyectos —en Indiana, Oklahoma y Dakota del Norte— ya han sido rechazados este año», señala el informe. «Y el H.B. 441 de Georgia, que permitiría acusar de homicidio a las mujeres que se sometan a un aborto, también parece destinado al fracaso».
Actualmente, trece estados prohíben el aborto total o casi totalmente, pero el lobby abortista trabaja intensamente para anular estos avances. Entre sus estrategias se encuentran la distribución de píldoras abortivas a través de las fronteras estatales, la financiación de viajes para abortar en otros estados, la construcción de centros abortistas en regiones limítrofes entre estados provida y proaborto, y la inclusión del «derecho al aborto» en las constituciones estatales.
Los proyectos de ley analizados en el informe revelan una división dentro del movimiento provida estadounidense: entre quienes promueven el «incrementalismo» —detener tantos abortos como permita la opinión pública en cada momento—, y quienes optan por el «abolicionismo», que considera esta estrategia demasiado permisiva e insuficiente para erradicar el aborto completamente.
Los incrementalistas, que dominan el ala provida del Partido Republicano y la mayoría de las grandes organizaciones provida, sostienen que la opinión pública no está lista para una prohibición total sin excepciones. También expresan dudas éticas y estratégicas sobre la posibilidad de penalizar a las mujeres que abortan.
Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life of America, declaró: «Tal vez, en lugar de perder el tiempo en debates internos sobre quién puede repartir más condenas para demostrar que es el más provida, deberíamos enfocarnos en elegir verdaderos defensores de la vida que trabajen por leyes sustanciales». Su organización sostiene que la responsabilidad debe recaer en la industria del aborto, no en las mujeres que han sido engañadas o presionadas.
Por otro lado, los abolicionistas critican el incrementalismo por mantener al movimiento provida a la defensiva y por tratar a las mujeres como si fueran incapaces de comprender la gravedad del aborto. El grupo Abolish Human Abortion afirmó: «El abolicionismo ha estado siempre vinculado a la doctrina del inmediatismo. La historia del movimiento provida ha sido una de medidas graduales, leyes de compromiso y programas paliativos. Pero nosotros rechazamos la idea de combatir el mal permitiéndolo en ciertos casos o eliminándolo por etapas. El mal no se combate comprometiéndose con él. Los abolicionistas decimos ¡sin concesiones!».
Mientras el debate filosófico y estratégico continúa, muchos defensores de la vida consideran que el desafío más inmediato es que el destino del aborto en EE.UU. ha quedado, al menos por ahora, en manos de los estados.
El presidente Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, ha tomado medidas provida como indultar a activistas que protestaban pacíficamente y cortar vías de financiación federal a la industria abortista. Sin embargo, se opone a imponer restricciones federales adicionales al aborto y ha reformulado la plataforma del Partido Republicano para reflejar su postura de dejar el tema en manos de los estados.
Esto significa que un residente de un estado provida puede viajar a un estado proaborto para abortar, y que las píldoras abortivas pueden enviarse por correo entre estados sin forma práctica de impedirlo. De hecho, el Instituto Guttmacher —afín al aborto— informó que en 2023 el 63 % de los abortos se realizaron con píldoras, un crecimiento constante desde el año 2000, cuando la FDA aprobó el uso de mifepristona para abortos farmacológicos.
A pesar de ello, los defensores de la vida continúan abogando por una prohibición nacional del aborto. En febrero, el representante republicano Eric Burlison, de Misuri, reintrodujo la Ley de Vida desde la Concepción, que busca reconocer expresamente a los niños no nacidos como personas sujetas a igual protección bajo la Enmienda 14 de la Constitución. Aún está por verse si una medida de este tipo podrá avanzar dentro del panorama actual del Partido Republicano.
