(LifeNews/InfoCatólica) Oregón registró un aumento del 8 % en las prescripciones de suicidio asistido por médicos en 2024, sumándose a un incremento del 30 % reportado en 2023, según el 27.º informe anual de la Autoridad de Salud de Oregón (OHA, por sus siglas en inglés) sobre la ley estatal «Death With Dignity Act» («Ley de Muerte con Dignidad»). Las muertes por suicidio asistido representaron cerca del 1 % del total de fallecimientos en Oregón durante el año pasado.
El informe publicado el jueves por la OHA muestra que se emitieron 607 prescripciones de medicamentos letales bajo la ley de suicidio asistido en 2024, frente a las 561 del año anterior. Se conoce que 376 personas murieron tras ingerir dichos medicamentos, mientras que en 2023 fueron 386. De estas, 43 pacientes habían recibido sus prescripciones en años anteriores. Sin embargo, el estado de ingestión de los fármacos era desconocido para el 29 % de los pacientes al momento de la publicación del informe.
Un dato preocupante revelado por el documento es que 23 personas que murieron en 2024 tras consumir los medicamentos letales habían «sobrevivido a su pronóstico», es decir, vivieron más de seis meses después de recibir la receta, límite que define legalmente una enfermedad terminal según la ley.
El 83 % de quienes murieron bajo esta modalidad tenía más de 65 años, y el 57 % padecía cáncer (una disminución respecto al 66 % del año anterior). Además, 22 personas que murieron en Oregón tras ingerir los medicamentos no eran residentes del estado. Esto fue posible gracias a la eliminación del requisito de residencia, aprobada en 2023 por la gobernadora demócrata Tina Kotek.
La directora ejecutiva de Oregon Right to Life, Lois Anderson, calificó estos datos como «devastadores». En un comunicado de prensa, afirmó: «Una vez más, el informe sobre el suicidio asistido en Oregón muestra un aumento devastador en las prescripciones letales tanto para residentes del estado como para personas de otros estados. El suicidio asistido legal envía un mensaje cruel de que algunas vidas —especialmente las de ancianos, personas con discapacidades y condiciones médicas complejas— valen menos. La verdadera dignidad y compasión se manifiestan en el amor, el cuidado y el acompañamiento, no en ofrecer la muerte como solución».
El informe indica que solo tres pacientes fueron remitidos para una evaluación psicológica o psiquiátrica, una cifra que se mantiene constantemente baja en los reportes anuales. Anderson denunció esta situación como «profundamente preocupante» y añadió: «No importa la edad o condición del paciente, una solicitud de suicidio debería activar de inmediato un análisis exhaustivo de salud mental. No ofrecer este apoyo básico a pacientes vulnerables es inadmisible».
La Dra. Angela Plowhead, psicóloga licenciada especializada en evaluación cognitiva y de capacidad para la toma de decisiones, declaró a Oregon Right to Life que los trastornos del ánimo son frecuentes entre quienes reciben un diagnóstico terminal, lo cual puede inducir pensamientos suicidas. Señaló que debería realizarse una evaluación «bastante rigurosa» del estado mental de cualquier persona que solicite el suicidio asistido. En sus palabras, los proveedores deberían centrarse en tratar los trastornos psicológicos «de una manera que devuelva la esperanza», en lugar de ofrecer la muerte como una alternativa.
La actual legislación de Oregón exige que los pacientes tengan al menos 18 años, sean «capaces de tomar y comunicar decisiones sobre su atención médica» y estén «diagnosticados con una enfermedad terminal que, sin tratamiento, los lleve a la muerte en un plazo de seis meses». Sin embargo, en la práctica, pacientes con enfermedades crónicas que deciden dejar de recibir tratamiento califican legalmente para el suicidio asistido.
Jessica Rodgers, directora de coaliciones de Patients Rights Action Fund, señaló durante una reciente audiencia legislativa que condiciones como la anorexia y la diabetes pueden calificar como elegibles para el suicidio asistido en Oregón.
Desde que la ley entró en vigor en 1997, 4.881 personas han recibido prescripciones de medicamentos letales, de las cuales al menos 3.243 (66 %) han muerto tras consumirlos, según indica el informe de la OHA.
Este año, durante la 83.ª legislatura estatal, se está considerando una nueva ley que ampliaría drásticamente el alcance del suicidio asistido en Oregón. El Proyecto de Ley del Senado 1003 propone reducir el período de espera obligatorio de 15 días a solo 48 horas, permitir que profesionales no médicos receten medicamentos letales, y exigir que las instituciones de salud declaren públicamente su participación en el programa, facilitando así el acceso a centros favorables al suicidio asistido.
Esta propuesta ha generado una fuerte oposición por parte de defensores de la vida, quienes han enviado más de 700 correos electrónicos a legisladores, presentado 174 testimonios por escrito y asistido personalmente al Capitolio para expresar su rechazo.
El representante republicano provida E. Werner Reschke, del Distrito 55, intervino en la audiencia pública del 3 de marzo afirmando que el Proyecto de Ley 1003 es «un proyecto con una carga moral significativa que me obliga a estar aquí». Denunció la «cultura de la muerte sobre la vida» que, a su juicio, reina en el estado. También compartió el testimonio de cómo su padre acompañó amorosamente a su madre durante sus últimos días: «Ella ya no podía hablar, pero su mente estaba clara como el agua. Y cada día, mi padre se sentaba a su lado y la cuidaba con amor hasta que ya no pudo respirar. Colegas, eso es dignidad».
El Dr. Satya Chandragiri, psiquiatra con sede en Salem, presentó un testimonio escrito en contra del proyecto de ley, advirtiendo que un plazo de 48 horas es demasiado corto para evaluar el consentimiento informado del paciente. Incluso considera que los actuales 15 días son insuficientes. Explicó que las personas en situaciones terminales son física y emocionalmente vulnerables, y muchas veces cambian de parecer o carecen de plena capacidad de decisión, a pesar de que puedan parecer coherentes. Además, señaló que muchos ancianos expresan que «ya no son útiles para nadie», pero eso no significa que realmente deseen morir.
Incluso sin modificaciones legales, los proveedores en Oregón ya vienen aplicando exenciones al período de espera. En 2020, el 20 % de los pacientes recibió una exención; en 2024, ese número aumentó al 29 %.
El proyecto de ley para ampliar la Ley de Muerte con Dignidad será revisado por el Comité Judicial del Senado el 31 de marzo. Oregon Right to Life ha lanzado una campaña para que los ciudadanos provida contacten a los legisladores y les insten a votar «no» al Proyecto de Ley 1003.
