(CNA/InfoCatólica) La disputa legal surgió después de que, en agosto, agentes de policía de Lorain, capital del condado del mismo nombre, trasladaran a un detenido a la sala de urgencias del hospital y solicitaran a los médicos que llevaran a cabo una exploración corporal interna para determinar si el individuo portaba drogas. Los facultativos se negaron, alegando que la intervención suponía «un riesgo injustificadamente alto de causar lesiones graves o la muerte» al paciente, especialmente por la posibilidad de que las sustancias estupefacientes fueran liberadas en su organismo.
Tras la negativa del hospital, la policía rescindió el acuerdo que mantenía con el centro sanitario para la prestación de servicios de seguridad en sus instalaciones. En su demanda, presentada en enero, Mercy Health argumentó que esta represalia vulneraba su derecho a la libertad de expresión, ya que la decisión de los médicos estaba basada en los principios éticos y religiosos del hospital.
Esta semana, las partes implicadas han anunciado que han alcanzado «una resolución justa y mutuamente satisfactoria» para los litigios estatales y federales en curso. En un comunicado conjunto, el hospital y las autoridades locales informaron de que el acuerdo establece «una nueva política para la realización de exploraciones corporales internas y la ejecución de órdenes de registro, así como un nuevo memorando de entendimiento con el jefe de policía de Lorain, que permite a la Policía de Mercy Health (ndr:agentes contratados para la seguidad del hospital) emplear oficiales comisionados para desempeñar funciones policiales».
Con este acuerdo, se ponen fin a todas las disputas legales recientes, según confirmó un portavoz del hospital al medio Catholic News Agency (CNA).
Mercy Health fue fundado en 1986 por las Hermanas de la Misericordia y ha contado con el patrocinio de varias congregaciones religiosas, entre ellas las Hermanas Grises, las Hermanas de la Humildad de María y las Hermanas Franciscanas de los Pobres. En su página web, el hospital destaca su adhesión a las Directivas Éticas y Religiosas para los Servicios de Salud Católicos de la Conferencia Episcopal de EE.UU., que subrayan la necesidad de defender la dignidad humana y el derecho a la vida, incluyendo el acceso a una atención sanitaria adecuada.
