(Asia News/InfoCatólica) Duterte, de 79 años, fue detenido a su llegada a Manila procedente de Hong Kong (adonde había viajado para proponer su candidatura a la alcaldía de Davao entre los filipinos emigrados) y, según un comunicado oficial de Malacañang, el palacio presidencial, se encuentra bajo custodia y en buen estado de salud.
Crímenes contra la humanidad
La orden de la CPI forma parte de una investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante la campaña antidroga lanzada en 2016, una operación que causó la muerte de al menos 6.252 personas, según estimaciones del Gobierno. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas creen que la cifra real es mucho mayor, y que el balance podría alcanzar las 30.000 víctimas, muchas de las cuales murieron en ejecuciones extrajudiciales.
Cáritas de Filipinas pidió a Duterte que cumpliera su propia promesa de aceptar la detención si la justicia internacional lo exigía. «A la luz de la reciente declaración de Duterte expresando su voluntad de aceptar la detención si la Corte Penal Internacional emite una orden, le pedimos que cumpla con este compromiso y se someta plenamente al imperio de la ley», dice un comunicado de la organización, el brazo social de la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP).
El llamamiento fue reiterado también por el obispo Jose Colin Bagaforo, presidente de Cáritas Filipinas, quien subrayó que la justicia no es una cuestión de «lealtad política o personal, sino de responsabilidad, transparencia y protección de la dignidad humana». Monseñor Gerardo Alminaza, vicepresidente de la organización, destacó también las implicaciones más amplias de la investigación, afirmando que «estos asesinatos no fueron aleatorios, sino parte de una política que violaba el derecho fundamental a la vida».
Ejecuciones extrajudiciales
Según testimonios e informes recogidos a lo largo de los años, varios agentes de policía habrían recibido recompensas económicas por ejecuciones extrajudiciales, lo que demuestra que la violencia no fue un fenómeno aislado, sino más bien un sistema arraigado e incentivado. «Las familias de las víctimas merecen verdad, reparación y justicia. Como nación, debemos asegurarnos de que estos crímenes no se repitan jamás», afirmó Alminaza.
La detención del ex presidente también pone en entredicho a la actual administración dirigida por Ferdinand Marcos Jr, que hasta ahora ha mostrado posturas ambiguas ante la CPI y la investigación sobre Duterte. Cáritas Filipinas ha hecho un llamamiento al gobierno para que coopere con la CPI y garantice que el país no siga siendo un lugar donde pueda florecer la impunidad. «Instamos al gobierno de Marcos a que coopere con la Corte Penal Internacional, permita una investigación imparcial y garantice que Filipinas no siga siendo un país donde prospere la impunidad. Si el gobierno no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer», afirma la declaración de Cáritas.
Sin embargo, la cuestión de la cooperación con la CPI es delicada. El gobierno de Duterte, en 2019, había retirado formalmente a Filipinas del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI, precisamente para evitar investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. A pesar de ello, la CPI reiteró que mantiene su jurisdicción sobre los crímenes cometidos cuando Filipinas aún era miembro.
Duterte reivindica su guerra contra las drogas
La postura de la Iglesia filipina pone de relieve la necesidad de una justicia no selectiva. «El Estado de derecho debe prevalecer y debe hacerse justicia. Que este momento sea un punto de inflexión para nuestra nación, un paso hacia la curación, la rendición de cuentas y el cambio real», concluye la declaración de Cáritas.
Durante años, el ex presidente Duterte ha reivindicado con orgullo su «guerra contra las drogas» y ha restado importancia a las críticas internacionales por violaciones de los derechos humanos. Ahora, con el mandato de la CPI, el país se encuentra en una encrucijada: seguir por el camino de la impunidad y la polarización política, o aceptar el reto de un sistema de justicia que realmente pueda hacer justicia a las víctimas.
