(ACIPrensa/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ha expresado su preocupación ante dos proyectos de ley presentados en el Congreso que buscan modificar el calendario de feriados nacionales, lo que impactaría celebraciones religiosas de gran arraigo en el país.
En un comunicado difundido el 7 de marzo, Mons. Carlos García, Presidente de la CEP y Obispo de Lurín, alertó sobre el efecto que tendrían las propuestas PL 10133/2024-CR y PL 10177/2024-CR en la identidad cultural y espiritual del Perú. La primera de ellas propone eliminar el feriado del 30 de agosto, fecha en la que se celebra a Santa Rosa de Lima, mientras que la segunda plantea modificar la naturaleza de los feriados del 29 de junio y 8 de diciembre, días dedicados a San Pedro y San Pablo, y a la Inmaculada Concepción, respectivamente, para convertirlos en días no laborables sujetos a decisión del empleador.
Al respecto, Mons. García enfatizó que «estas festividades religiosas no sólo son pilares fundamentales para la vida espiritual de millones de católicos, sino que también generan un impacto positivo en la cultura, el turismo y la economía nacional, contribuyendo así al bienestar general del país».
Además, recordó la trascendencia de Santa Rosa de Lima, destacando que «Santa Rosa de Lima –Patrona de Nuestra Policía Nacional– es una santa de gran relevancia en la tradición católica, no sólo en el Perú sino en toda América Latina. Su festividad es reconocida a nivel internacional».
El pronunciamiento de la CEP subraya que el Perú tiene profundas raíces católicas y reitera el mensaje del Papa Francisco durante su visita en 2018, cuando afirmó que «Perú es una tierra ensantada». En esa línea, la Iglesia peruana sostiene que «la fe en Cristo ha sido un pilar fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional y es esencial preservar estos valores que continúan iluminando nuestra historia».
Ante este panorama, Mons. García exhortó al Congreso a reconsiderar estas iniciativas y a establecer un espacio de diálogo con la Iglesia Católica, con el objetivo de evaluar conjuntamente las consecuencias sociales y culturales de estos cambios.
Finalmente, la CEP reafirmó su compromiso de seguir atenta a la evolución del debate legislativo, defendiendo la preservación de las tradiciones religiosas del país.
