(Ecclesia/InfoCatólica) La DPT ha sido fundamental para proporcionar una vía segura de protección a quienes huyen de la guerra en Ucrania, permitiéndoles acceder a derechos básicos como residencia, trabajo, educación, atención sanitaria y apoyo social en la UE. Sin embargo, la proximidad de su fecha de expiración plantea desafíos significativos. Según Cáritas, «la incertidumbre sobre su estatus legal en la UE es una de las cuestiones más apremiantes» para los desplazados, afectando su capacidad para reconstruir sus vidas con dignidad y estabilidad.
Instan a buscar una solución coordinada y duradera
Las organizaciones destacan que muchas de las alternativas que se han valorado en los últimos meses se centran en permisos de residencia basados en el empleo. Este enfoque, advierten, podría dejar atrás a personas en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, estudiantes, personas mayores, nacionales de terceros países y personas apátridas que obtuvieron protección en Ucrania, personas que sufren discriminación en el mercado laboral y quienes no pueden trabajar a tiempo completo debido a responsabilidades familiares.
Cáritas y las demás ONG instan a la UE a ir «más allá de la simple renovación de la protección temporal» y proponer una solución coordinada que ofrezca un estatus más duradero y un camino hacia la residencia a largo plazo.
Subrayan la importancia de un enfoque a nivel de la UE para evitar una respuesta fragmentada que afecte desproporcionadamente a los grupos más vulnerables. Advierten que, de no abordarse las lagunas existentes, los sistemas de asilo de los Estados miembros podrían verse desbordados al finalizar la protección temporal.
«Las soluciones llevan demasiado tiempo pendientes»
Cáritas muestra su preocupación ante la posibilidad de que algunos países de acogida reduzcan su apoyo a los desplazados. Por eso, hace un llamamiento a los Estados miembros para que no reduzcan el apoyo a las personas desplazadas desde Ucrania y apliquen plenamente las disposiciones de la DPT, garantizando el acceso completo a los derechos y servicios básicos.
Asimismo, insta a los Estados miembros a cumplir con sus obligaciones en materia de no devolución y evitar cualquier medida que pueda resultar en retornos prematuros que pongan en peligro la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.
En resumen, Cáritas y las ONG solicitan a la UE que actúe con celeridad para garantizar un futuro estable y digno para los ucranianos desplazados, evitando que queden en una situación de incertidumbre y desprotección. «Las soluciones post-DPT llevan demasiado tiempo pendientes», señalan, advirtiendo que otra prórroga de un año podría ser la única opción si no se comienza a trabajar ahora en un plan de transición coordinado.
¿Lo mejor para Ucrania?
No está claro que estas ONGs asuman que lo lógico, una vez que acabe la guerra, es que esos millones de ucranianos regresen a su patria para poder ayudar en la reconstrucción del país.
