(InfoCatólica) El conocido como caso Gaztelueta comenzó con la denuncia de un alumno, Juan Cuatrecasas, acusando al profesor Martínez de instigar a algunos compañeros para que le hicieran bullying. Meses más tarde las acusaciones pasaron a ser de abuso sexual, y después evolucionaron a agresión sexual. La denuncia la investigó en un primer momento la inspección dependiente de la consejería de educación del gobierno vasco. No dio credidilidad al denunciante. La fiscalía también desestimó la demanda en un primer momento.
Posteriormente hubo una investigación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se llegó a la conclusión no solo de que no se habían producido abusos, sino que se dijo que había que recuperar la buena fama del profesor.
Finalmente el caso se judicializó de nuevo. Toda la prueba ofrecida durante el juicio era la palabra de la supuesta víctima contra el supuesto agresor. Supuesto agresor de quien todos los que le conocieron en el colegio han dado siempre buen testimonio, indicando que su perfil no se corresponde de ninguna de las maneras con el de un agresor sexual.
A pesar de las evidentes contradicciones del la víctima en el juicio, se le condenó a once años de cárcel. El Tribunal Supremo reconoció tales contradicciones pero aún así le mantuvo una pena de dos años, que impidió que ingresara en la cárcel. En dicha sentencia, el Supremo aseguró que condenar a Martínez por los hechos más graves era «un ejercicio de voluntarismo incompatible con el canon constitucional de valoración probatoria». Cabe preguntarse porqué no se mantuvo el mismo criterio para mantener la pena de dos años.
El Papa, que ha recibido a la supuesta víctima, con la que coincidió en un programa de televisión, ordenó volver a juzgar el caso por parte de la lglesia, rompiendo así el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Además, se da la circunstancia de que José María Martínez, a pesar de ser numerario del Opus Dei, es seglar. Y cuando se cometieron los presuntos abusos no existía ninguna ley canónica por la que poder juzgar al acusado. Por tanto, en este caso la Iglesia, por orden del Papa, que se ha negado a recibir al ex-profesor, ha quebrantado el principio de no retroactividad, por el que no se puede juzgar un delito pasado con una ley aprobada después de la comisión de dicho delito.
El papa Francisco puso al frente del nuevo proceso canónico a Mons. José Antonio Satué, obispo de Teruel, cuya animadversión hacia la prelatura del Opus Dei era bien conocida en su diócesis natal, Huesca.
José Martínez denunció a Satué ante la justicia española por vulneración de su derecho al honor, cuestionando la legitimidad del proceso, denunciando precisamente irregularidades como ser juzgado dos veces por los mismos hechos y la aplicación retroactiva de normas.
Ahora se ha conocido la sentencia de Mons. Satué, que como cabía esperar ha pedido al prelado del Opus Dei la expulsión de José María Martínez. Este ha reaccionado solicitando la salida voluntaria de la Prelatura y anunciando que recurrirá a la Signatura Apostólica.
Martínez explica así su versión de los hechos:
«Ya he insistido muchas veces en las irregularidades del proceso canónico: se me ha juzgado dos veces por el mismo supuesto delito porque la absolución inicial (de 2015) no gustó a quien constituyó el tribunal eclesiástico; se me aplica una legislación aprobada con posterioridad a los supuestos hechos; el juez en su primera comunicación escrita me instó a declararme culpable; se me aplica una legislación que no se ha aplicado a ningún laico; en muchas instituciones de la Iglesia hay pederastas confesos y a mí se me expulsa del Opus Dei pese a que soy inocente del delito del que se me acusa. En fin, todo el proceso ha resultado una vergonzante pantomima. Nunca ha existido la más mínima posibilidad de defenderme».
