(NCRegister/InfoCatólica) Jennifer Roback Morse, Ph.D., fundadora y presidenta del Instituto Ruth, que ayuda a las víctimas de la Revolución Sexual a recuperarse de sus experiencias y a convertirse en defensores de un cambio de mentalidad en la materia, explica en su artículo que la reciente suspensión de los gastos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha reavivado el debate sobre la transparencia y el uso de fondos públicos por parte de esta organización.
Si bien muchas de sus iniciativas han sido útiles en áreas como el desarrollo económico y la ayuda humanitaria, también ha quedado en evidencia su papel en la exportación de la ideología de la revolución sexual a países que no la han solicitado ni la desean.
Revolución sexual promovida por el poder
La revolución sexual no ha sido, como a menudo se cree, un fenómeno espontáneo impulsado por la evolución de las sociedades. Por el contrario, ha sido promovida y financiada por actores gubernamentales y organizaciones internacionales que, en nombre del progreso y los derechos humanos, imponen valores ajenos a las culturas de muchas naciones.
El caso de USAID es especialmente preocupante porque, además de estar financiado con dinero de los contribuyentes estadounidenses, su intervención en países extranjeros puede considerarse una forma de imperialismo ideológico, que afecta la soberanía de naciones con estructuras sociales y valores profundamente arraigados.
Ejemplos de financiación cuestionable
La administración de Donald Trump denunció en 2024 una serie de proyectos financiados por USAID que ilustran esta agenda ideológica. Entre ellos destacan:
- 1,5 millones de dólares para promover la equidad, diversidad e inclusión en el ámbito empresarial en Serbia.
- 70.000 dólares para la producción de un musical sobre diversidad en Irlanda.
- 47.000 dólares para la creación de una ópera transgénero en Colombia.
- 32.000 dólares para la publicación de un cómic transgénero en Perú.
- 2 millones de dólares para cambios de sexo y activismo LGBT en Guatemala.
Estos proyectos, financiados en países con una mayoría cristiana y valores conservadores, han generado críticas y resistencia en sus sociedades. La intervención de USAID en estas cuestiones no solo es vista como una imposición externa, sino como una afrenta a las tradiciones y creencias de estas naciones.
La salud y la revolución sexual
Uno de los aspectos más preocupantes de la agenda de USAID es su impacto en la salud pública. Un ejemplo claro es la promoción del anticonceptivo inyectable Depo-Provera, financiado y distribuido en países en desarrollo sin que, en muchos casos, se informe adecuadamente a las mujeres de sus efectos secundarios.
Desde la década de 1990, USAID ha financiado el uso de Depo-Provera en mujeres de países africanos y de otras regiones en desarrollo. Los riesgos asociados a este fármaco incluyen:
- Trastornos menstruales severos.
- Dolor abdominal crónico.
- Aumento de peso significativo.
- Disminución de la libido.
- Posible vínculo con el desarrollo de tumores cerebrales.
A pesar de que el fabricante del medicamento, Pfizer, enfrenta múltiples demandas por estos efectos adversos, USAID ha seguido promoviendo su uso sin advertencias adecuadas. Organizaciones como la Asociación Médica Católica de Kenia han denunciado la presión ejercida por organismos internacionales para fomentar la reducción de la natalidad y la legalización del aborto, a menudo en contra de la voluntad de la mayoría de la población local.
Atentado contra la soberanía cultural
La interferencia de USAID en asuntos sociales y sanitarios de países en desarrollo no es solo una cuestión de salud pública o uso indebido de fondos. Se trata también de un atentado contra la soberanía cultural y política de estas naciones.
El concepto de imperialismo ideológico, que define la práctica de una nación de imponer sus valores y normas sobre otras, se ajusta perfectamente a la actuación de USAID. Como lo define el diccionario Merriam-Webster, el imperialismo es “la política, práctica o defensa de extender el poder y la dominación de una nación, ya sea mediante adquisiciones territoriales directas o ejerciendo un control indirecto sobre la vida política o económica de otras áreas”.
Bajo este prisma, USAID no solo estaría promoviendo una agenda determinada, sino que estaría socavando la identidad y autodeterminación de países que rechazan los valores de la revolución sexual.
Durante una intervención en un evento juvenil en Uganda, la propia Jennifer Roback Morse pudo comprobar de primera mano el rechazo que generan estas políticas. Cuando pidió disculpas en nombre de su país por intentar imponer estos valores a otras naciones, los asistentes reaccionaron con un aplauso espontáneo.
Para muchas comunidades africanas, asiáticas y latinoamericanas, los valores familiares tradicionales y la defensa de la vida siguen siendo principios fundamentales. Desde su perspectiva, la promoción de la revolución sexual no es un avance, sino una amenaza a su estructura social y moral.
La controversia en torno a USAID revela un problema mucho más profundo que el simple despilfarro de fondos públicos: el intento de transformar la cultura de otros países según los intereses de las élites occidentales.
Si bien el debate sobre la revolución sexual sigue abierto dentro de los propios Estados Unidos, lo que resulta inaceptable para muchas naciones es que esta agenda se imponga desde el exterior mediante fondos gubernamentales y sin respeto por la voluntad de las poblaciones locales.
El cuestionamiento a USAID no solo debería centrarse en su falta de transparencia financiera, sino en su papel como herramienta de imposición ideológica. La pregunta que surge es: ¿hasta qué punto la cooperación internacional debe respetar la cultura y soberanía de los países receptores?
El creciente rechazo a estas iniciativas en distintas partes del mundo indica que la resistencia al imperialismo ideológico solo seguirá en aumento.
