(C-Fam/InfoCatólica) Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha instado la semana pasada a los gobiernos a restringir la objeción de conciencia de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios en relación con la práctica del aborto. Según un informe del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, los Estados tienen la obligación de garantizar que todos los hospitales, incluidos los religiosos, ofrezcan servicios de aborto.
El documento describe la objeción de conciencia institucional como «inadmisible» y la califica de «violación de derechos humanos». Asimismo, sostiene que los derechos de conciencia solo pueden aplicarse a personas físicas y deben ser «estrictamente definidos».
«Los Estados deben prevenir y reformar leyes que amplíen en exceso la objeción de conciencia y que permitan que creencias personales sexistas y patriarcales determinen la prestación de atención sanitaria», señala el informe.
Discriminación contra el personal provida
El grupo, compuesto por cinco activistas y académicas feministas, enfatiza que los gobiernos deben prohibir la objeción institucional, incluyendo aquellas prácticas que, de facto, dificulten el acceso al aborto. Para garantizar la disponibilidad de médicos dispuestos a realizar abortos, el informe sugiere que los hospitales deben poder discriminar contra profesionales con creencias pro-vida.
Regulación
Además, se insta a los gobiernos a regular estrictamente la objeción de conciencia individual, exigiendo que los médicos que rechacen practicar abortos deriven a las pacientes a otros profesionales. En situaciones de emergencia, según el informe, los médicos no deberían poder ejercer dicha objeción.
El informe también aboga por obligar a enfermeros y personal auxiliar a participar en procedimientos de aborto, al argumentar que la objeción solo se aplica a quienes están directamente involucrados en la práctica médica.
Entre otras recomendaciones, el grupo destaca la necesidad de crear sistemas para monitorear y prevenir abusos en la aplicación de la objeción de conciencia. Además, insiste en que cualquier mujer que se vea privada de un aborto debe tener derecho a demandar al gobierno y a los proveedores médicos.
Inexistente derecho al aborto
El informe concluye que estas medidas son esenciales para garantizar el derecho al aborto seguro y legal, combatir estereotipos de género y asegurar la autonomía de las mujeres. También subraya la necesidad de despenalizar el aborto en todas las circunstancias para evitar que los médicos se abstengan de realizarlo por miedo a represalias legales.
Por último, el documento aclara que, aunque el derecho al aborto como derecho internacional es objeto de controversia, considera que la negación de este servicio no es aceptable bajo las obligaciones actuales de los Estados en materia de igualdad y derechos sexuales y reproductivos.
