(ACIPrensa/InfoCatólica) La dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha iniciado 2025 con la cancelación de la personalidad jurídica de 15 organizaciones sin fines de lucro. Esta medida se suma a las más de 5,400 ONGs clausuradas desde 2018, consolidando una estrategia sistemática de represión hacia la sociedad civil.
El diario oficial «La Gaceta» anunció el 8 de enero la «disolución voluntaria» de 11 organizaciones, entre las que se encuentra Save the Children y la Fundación de Monjas Dominicas de Nicaragua. Save the Children, según su sitio web, ha trabajado en el país desde 1986, aunque ya brindaba apoyo desde el terremoto que devastó Managua en 1972. La organización centraba su labor en áreas clave como Educación, Salud y Nutrición, Gobernanza de los Derechos de la Niñez y Protección Infantil. Contaba con un equipo de 46 personas distribuidas entre Managua y Matagalpa, con capacidad de responder a emergencias humanitarias.
Entre las organizaciones disueltas también figuran la Fundación Misionera Cristiana Ebenezer, la Asociación Iglesia Bautista Fundamental de Matagalpa y la Fundación Help for Nicaragua. Por otro lado, cuatro entidades fueron canceladas bajo la acusación de «incumplimiento de sus obligaciones», entre ellas la Fundación Casa de Espiritualidad, Cultura, Historia, Antropología, Arqueología y Arte Nicaragüense (CECHAN) y la Asociación Servicios Integrales para la Mujer (Sí Mujer).
La decisión de clausurar estas 15 organizaciones fue oficializada mediante acuerdos ministeriales firmados por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch. Este nuevo episodio de represión es parte de una tendencia alarmante: solo en 2024, el régimen clausuró aproximadamente 1,700 ONGs, incluyendo 1,500 en un solo día, el 19 de agosto. De estas, 678 eran organizaciones cristianas, tanto católicas como evangélicas.
En su informe global de 2025, la organización evangélica International Christian Concern denunció que el régimen nicaragüense ha utilizado al Ministerio del Interior como herramienta para perseguir «cientos de iglesias, grupos de ayuda y otras organizaciones religiosas». Según este reporte, solo en 2023 fueron clausuradas 315 organizaciones de índole religiosa, reflejando el severo hostigamiento hacia la libertad de culto en el país.
