(LSN/InfoCatólica) Según informó Live Action, el primer proyecto de ley «protegería a los fabricantes, distribuidores, proveedores de atención médica autorizados e individuos de cualquier responsabilidad civil, penal o profesional al transportar, distribuir o administrar» mifepristona o misoprostol. El segundo proyecto de ley facultaría al fiscal general de California, Rob Bonta, para imponer multas a las ciudades que bloqueen la construcción de nuevos abortorios.
«Quiero dejar absolutamente claro: California seguirá siendo un refugio seguro para los derechos reproductivos y el acceso a la atención del aborto, sin importar quién esté en la Casa Blanca», declaró Bonta, quien apoya ambas iniciativas. «Nos hemos estado preparando para este momento, y la legislación de hoy refuerza nuestro compromiso de proteger a quienes buscan atención de salud reproductiva, incluyendo el acceso al aborto mediante medicamentos».
«Ninguna persona debería enfrentar barreras para acceder a la atención médica debido a las acciones deliberadas de otros», agregó la representante estatal demócrata Rebecca Bauer-Kahan, autora del segundo proyecto. «Al facultar al fiscal general para hacer cumplir la Ley de Privacidad Reproductiva, esta legislación asegura que nuestras leyes no sean solo palabras en papel, sino protecciones prácticas. Me enorgullece estar junto al fiscal general Bonta defendiendo las libertades reproductivas de cada californiano».
El Consejo de la Familia de California, una organización pro-vida, ha prometido oponerse a cualquier legislación de este tipo en el estado.
Dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade y devolvió a los poderes legislativos la facultad de decidir sobre las políticas de aborto a través del proceso democrático, 13 estados han prohibido la mayoría de los abortos, mientras que otros han impuesto restricciones más moderadas.
En respuesta, los demócratas y grupos pro-aborto han trabajado intensamente para reforzar el acceso al aborto mediante diversas estrategias. Entre ellas, se incluyen la protección legal y el apoyo financiero para viajes interestatales relacionados con abortos, la colocación de instalaciones de aborto cerca de las fronteras entre estados pro-vida y pro-aborto, la conversión de estados liberales en «santuarios» para quienes desean eludir o violar las leyes de estados más conservadores, la inclusión del derecho al aborto en las constituciones estatales y la ampliación de la distribución de píldoras abortivas en estados pro-vida mediante pedidos y envíos por correo, dificultando la aplicación de las prohibiciones.
Bajo el liderazgo del gobernador demócrata de izquierda, Gavin Newsom, California se ha consolidado como uno de los principales impulsores de este esfuerzo, trabajando para mantener su estatus como un «santuario» para los residentes de estados vecinos que buscan interrumpir sus embarazos.
La ley de California declara un «derecho fundamental» al aborto, ofrece financiamiento público para su práctica y prohíbe la cooperación con las autoridades de otros estados que intenten investigar o procesar abortos realizados entre fronteras estatales. También subsidia las píldoras abortivas en campus universitarios e incluso intenta sancionar a los centros pro-vida que informan a las mujeres sobre la opción de revertir los efectos de la píldora abortiva.
