(CECh/InfoCatólica) El decreto, firmado por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Educación Nicolás Cataldo, busca modificar el Decreto Supremo N° 924 de 1983, que regula la enseñanza de religión en el país. Aunque pretende implementar medidas relacionadas con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Pavez vs. Chile, ha generado rechazo en las instituciones religiosas.
Contexto del conflicto
En 2022, la Corte IDH dictaminó que el Estado de Chile debía adoptar medidas reparatorias en el caso de Sandra Pavez, a quien se le revocó el certificado de idoneidad para enseñar religión. Aunque la Corte no solicitó modificaciones estructurales al Decreto N° 924, sí exigió la creación de un procedimiento para impugnar decisiones sobre la idoneidad docente en establecimientos públicos.
El nuevo Decreto N° 115 introduce cambios que, según la CECh, exceden las disposiciones de la Corte IDH y afectan la autonomía de las confesiones religiosas. Entre las modificaciones destaca la intervención de la Subsecretaría de Educación en casos de revocación o denegación del certificado de idoneidad, lo que ha generado preocupación entre las organizaciones religiosas.
Argumentos de la Conferencia Episcopal
La CECh argumenta que el Decreto N° 115 altera la esencia del certificado de idoneidad, al otorgar al Estado una injerencia indebida en asuntos internos de las confesiones religiosas. Según la Conferencia, esta medida contradice principios fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre las críticas se señala que el decreto establece que el certificado de idoneidad será permanente, lo que impide a las confesiones religiosas realizar revisiones periódicas sobre la capacidad doctrinal y moral de los docentes. Asimismo, limita la posibilidad de exigir simultáneamente un título profesional y el certificado de idoneidad, lo que afectaría la calidad y coherencia de la enseñanza religiosa.
Reacciones y apoyo de otras organizaciones
El Comité Nacional de Educación Evangélica (CONAEV) respaldó la solicitud de la Conferencia Episcopal y se prevé que otras organizaciones religiosas se sumen al rechazo del decreto. La principal preocupación compartida es la vulneración de la libertad religiosa y la interferencia estatal en la selección de los docentes.
Solicitud de revisión urgente
La Conferencia Episcopal ha pedido a la Contraloría que revise el Decreto N° 115 a la luz de la normativa vigente y de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. En su presentación, instan a que el decreto sea devuelto al Ministerio de Educación para ajustes que respeten la autonomía de las confesiones religiosas.
Contraloría General
La Contraloría General de la República es un órgano autónomo del Estado encargado de fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos y garantizar la legalidad de los actos administrativos en un país. Su principal función es supervisar que las acciones del gobierno y de los organismos estatales se realicen de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.
Funciones principales de la Contraloría:
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Control de legalidad: Verifica que los actos administrativos cumplan con las leyes y no contradigan la normativa vigente. Para ello, revisa decretos, resoluciones y contratos emitidos por organismos públicos.
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Fiscalización de recursos públicos: Controla el uso y manejo de los recursos económicos y financieros del Estado, asegurándose de que se utilicen de manera eficiente, transparente y para los fines destinados.
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Auditorías: Realiza auditorías en organismos públicos para detectar posibles irregularidades, malversaciones o fraudes en la administración de los recursos estatales.
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Toma de razón: Es el proceso mediante el cual la Contraloría revisa ciertos actos administrativos del gobierno (como decretos o resoluciones) antes de que entren en vigor, para asegurarse de que sean legales y constitucionales.
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Resolución de controversias: Puede intervenir en casos donde se presenten disputas relacionadas con la legalidad de ciertos actos administrativos.
