(ElDebate/InfoCatólica) ¿Estaría usted dispuesto a pagar cinco euros para ingresar a una de las iglesias más emblemáticas del mundo? ¿Sería justo contribuir con esta cantidad para apoyar una restauración multimillonaria? ¿O debería el acceso a los lugares de culto mantenerse libre y sin restricciones, en línea con su misión evangelizadora? Estas cuestiones resuenan actualmente en las calles de París y en diversos foros de debate, desde cafés hasta programas de radio y televisión. Este movimiento surge a raíz de las recientes declaraciones de Rachida Dati, Ministra de Cultura del gobierno de Barnier, quien manifestó en una entrevista con «Le Figaro» su respaldo a la idea de cobrar una tarifa de cinco euros a los visitantes de la catedral de París cuando reabra en diciembre, tras cinco años de una importante restauración.
Dati también planteó la posibilidad de aumentar los precios de entrada a museos y monumentos nacionales, como el Louvre o Versalles, para los turistas procedentes de fuera de la Unión Europea, a partir de 2026. En sus palabras, «¿Es normal, por ejemplo, que un visitante francés pague el mismo precio por la entrada al Louvre que un brasileño o un chino?». Según su propuesta, los ingresos adicionales serían destinados a la preservación del patrimonio cultural francés. Dati considera que «los franceses no tienen que pagarlo todo solos», resaltando que este cambio representaría «una auténtica ruptura en la política de precios de nuestros establecimientos culturales».
El aspecto más significativo de su propuesta es la tarifa de acceso a catedrales e iglesias, actualmente gratuitas en Francia. Frente a la polémica generada, el gobierno aclaró que los servicios religiosos y las misas seguirían siendo gratuitos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del ministro de Interior, Bruno Retailleau, quien recordó haber pagado por visitar la Sagrada Familia en Barcelona, sugiriendo que Francia podría adoptar una medida similar a la de España.
La situación de los edificios religiosos en Francia es particular debido a la ley de 1905, que establece la separación de la Iglesia y el Estado. Dicha normativa declara que las iglesias y catedrales anteriores a esa fecha son propiedad del Estado, diferenciándose así de países como España, Italia o Portugal, donde estos inmuebles suelen ser propiedad de la Iglesia o de órdenes religiosas. En este contexto, el gobierno francés es el propietario de Notre-Dame y permite que la Arquidiócesis de París utilice el edificio sin costo alguno, pero es responsable de su mantenimiento. Según la ministra, una tarifa de «sólo 5 euros por visitante recaudaría 75 millones de euros al año», fondos que se destinarían al mantenimiento de otras iglesias en el país. Dati recordó que, antes del incendio, ya se cobraba por acceder a la cripta arqueológica y las torres de Notre Dame. Ahora, propone que Notre-Dame, un símbolo cultural que casi fue destruido por el fuego, podría convertirse en «la salvadora de las iglesias de Francia».
No obstante, esta propuesta ha suscitado oposición dentro de la Iglesia francesa. La diócesis de París emitió un comunicado expresando su rechazo, argumentando que el acceso gratuito a iglesias y catedrales es fundamental para recibir a cualquier persona, sin importar religión, creencias o situación económica. La diócesis sostiene que una tarifa de cinco euros «llevaría inevitablemente a renunciar a visitar una catedral por naturaleza abierta a todos» y subraya que implementar esta medida sería «extremadamente complejo», especialmente para diferenciar entre turistas, peregrinos y fieles. En Notre-Dame, los visitantes y los fieles suelen compartir el espacio, donde las ceremonias religiosas continúan mientras se llevan a cabo las visitas. Según la diócesis, separar estas actividades «privaría a peregrinos y visitantes de la comunión entre todos, que es la esencia misma del lugar».
En toda Europa, el debate sobre si los turistas deberían contribuir al mantenimiento de los bienes culturales está en auge, debido a la creciente presión sobre los recursos. No obstante, la implementación de estas medidas es compleja, como lo demuestra la reciente tarifa para visitar la Fontana di Trevi en Roma. Las políticas varían de un país a otro: la entrada a la catedral de Santiago de Compostela y a la basílica de San Pedro en Roma es gratuita, mientras que en la catedral de Sevilla y la Sagrada Familia se cobra una tarifa. En algunos lugares, se ha adoptado la práctica de cobrar solo por acceder a ciertas áreas, como criptas o claustros, con el fin de cubrir los gastos de mantenimiento.
La diócesis y la catedral de París han sugerido al gobierno explorar «otros caminos» para recaudar fondos, aunque no especificaron propuestas concretas. Entre las opciones se incluye solicitar donativos voluntarios o aumentar la tasa turística en París, ajustándola en función de la duración de la estancia o el tipo de alojamiento. En el debate actual, algunos sugieren que los turistas de hoteles más lujosos podrían contribuir más que aquellos que se hospedan en albergues o apartamentos turísticos, dado que en París hay alojamientos que superan los 1.000 euros por noche.
