(DP/InfoCatólica) El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria.*
Ángel Gabilondo ha recordado que la institución Defensor del Pueblo registró y entregó el 27 de octubre de 2023 el Informe a la presidenta del Congreso de los Diputados y días después, el 2 de noviembre, al presidente del Gobierno. «Es la hora del Parlamento, como consecuencia de la encomienda y tras este Informe. Es el momento del Legislativo y del Ejecutivo. Las víctimas esperan que se implementen, lo antes posible y de la mejor manera, las recomendaciones y sugerencias formuladas», ha señalado el Defensor del Pueblo.
El Informe, de 777 páginas, da cumplimiento a la encomienda recibida del Congreso de los Diputados tras la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL), el 10 de marzo de 2022, que contó con una amplia mayoría: 286 síes, 51 noes y 2 abstenciones.
Según ha indicado el Defensor del Pueblo, el Informe «da respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido cubierta por un injusto silencio y subraya los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos».
Durante su comparecencia, Ángel Gabilondo ha vuelto a recalcar que «las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe» y ha apuntado que el objetivo ha sido el de describir la dimensión del fenómeno de los abusos, sus causas y sus consecuencias en las personas afectadas y se ha mostrado esperanzado en que los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones derivadas de los mismos «contribuyan a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales cometidos sobre niños y adolescentes».
Por eso es por lo que ha instado a los diputados y senadores que componen la Comisión a que se implementen, cuanto antes, las recomendaciones recogidas en el Informe. «Las víctimas lo están reclamando, están a la espera. Lo necesitan».
La realidad es que no hay ninguna institución pública o privada que haya implementado tantas medidas para prevención y tratamientos de abusos como la Iglesia Católica.
Recomendaciones
El Defensor ha desgranado en su intervención ante diputados y senadores las 24 recomendaciones propuestas en el Informe y ha destacado que éstas «se centran en la atención y respuesta a las víctimas».
Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020. También se aboga por crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Las recomendaciones elevadas a las Cortes Generales y al Gobierno proponen también diversas reformas normativas para la aclaración y reparación de lo sucedido, y para prevenir hechos similares y se solicita que la Iglesia católica ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran, así como que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.
Los testimonios de las víctimas
Ángel Gabilondo ha enfatizado, de nuevo, la importancia de los testimonios, recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas porque «revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas».
En el Informe se recogen los testimonios de 487 víctimas, obtenidos en entrevistas realizadas tanto en Madrid como en otros puntos de la geografía nacional. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas subrayan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.
Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se han tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación.
Encuesta absura
Para enmarcar las dimensiones del problema se consideró necesario disponer de una encuesta demoscópica, y así fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso. Tras el preceptivo proceso de licitación, en cumplimiento de la normativa de contratación pública, se adjudicó la realización de la encuesta a la empresa GAD3. Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. Asimismo, la encuesta de GAD3 concluye que el 0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y que un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso.
De ser cierta la extrapolación de los datos que indica esa encuesta, que no lo es, más de medio millón de españoles habrían sido agredidos en dicho ámbito. No han existiendo tantos curas en España para cometer tantos abusos.
La encuesta contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española: 8.013 personas. Los datos desglosados de la encuesta se incluyen en la Parte III Capítulo III del Informe (páginas 166 a la 194). No obstante, el Defensor del Pueblo remitió el pasado 20 de agosto a la presidenta del Congreso de los Diputados la documentación íntegra de la encuesta, respondiendo así a un escrito recibido de Francina Armengol, el pasado 23 de julio, en el que se recogía la petición, formulada por miembros de la Mesa y portavoces de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, de disponer de la encuesta completa.
Nuevos testimonios
Tras hacerse público el Informe y hasta la fecha -octubre de 2024- la Unidad de Atención a las Víctimas ha registrado decenas de nuevos testimonios de los que se han considerados válidos 188, contándose ya con 674. El Defensor del Pueblo ha apuntado que estos nuevos casos no modifican las conclusiones del estudio, más bien «las reafirma», y que este no se trata de un Informe cuantitativo sino cualitativo. «No ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sí conocer el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para tratar de evitar que vuelva a pasar».
El Defensor del Pueblo ha manifestado en su intervención que «los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad».
