(LifeNews/InfoCatólica) La activista pro-vida Heather Idoni, quien fue encarcelada por el Departamento de Justicia bajo la administración de Biden por intentar rescatar a los no nacidos en una clínica de abortos a término en Washington D.C., continúa sufriendo un grave maltrato a manos de los U.S. Marshals.
Idoni y su esposo, quienes están profundamente involucrados en el trabajo pro-vida, tienen cinco hijos biológicos y han adoptado a 10 niños de Ucrania.
Heather ha estado tras las rejas desde agosto de 2023 y ha sido condenada y sentenciada en dos juicios —uno en Washington, D.C., y otro en Nashville, Tennessee— por cargos de violar la Ley FACE a favor del aborto y «conspiración contra derechos». El DOJ y el FBI han estado fuertemente involucrados en ambos juicios, que han apuntado a los pro-vidas pacíficos por defender a los no nacidos. Idoni enfrenta más cargos en un tercer juicio en Detroit, Michigan, por los mismos cargos.
Calvin Zastrow, activista pro-vida y co-demandado en el caso de Nashville, notificó a CatholicVote que debido a los diversos juicios a los que ha sido sometida Idoni, a menudo es trasladada entre prisiones federales. Tres veces, durante el transporte, el U.S. Marshal responsable de Idoni ha apretado la cadena alrededor de su cintura tan fuerte que le ha costado respirar. La última vez que esto ocurrió, el Marshal efectivamente emitió una amenaza de muerte, advirtiendo que, si Idoni se quejaba, el oficial apretaría la cadena tanto como fuera posible la próxima vez, según Zastrow.
CatholicVote notificó al Congreso sobre el maltrato y la amenaza de muerte, y el congresista Chris Smith, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos y copresidente del Caucus Pro-vida de la Cámara, ha intervenido directamente con los U.S. Marshals. «El congresista Smith ha estado asistiendo a la Sra. Idoni, así como a otros defensores pro-vida que han sido tratados injustamente, con varios problemas durante los últimos meses», declaró Michael Finan, portavoz de Smith, a CatholicVote.
Idoni tiene diabetes y sufrió un derrame cerebral la primavera pasada, solo unos meses después de haber estado en confinamiento solitario con las luces de su celda encendidas de manera continua durante 22 días. Este tratamiento califica, según las normas de la ONU en las Reglas de Nelson Mandela, como un confinamiento solitario prolongado y tortura.
Mientras estaba en la prisión federal en Washington, D.C., a Idoni se le negó parte de su medicación para la diabetes, así como un medicamento esencial para el corazón recetado por su médico después de su derrame cerebral en marzo, hasta que el Congreso intervino directamente en el asunto. En ese momento, tras una llamada telefónica en la que Idoni comenzó a experimentar palpitaciones cardíacas, este periodista contactó a la policía de D.C., quienes transportaron a Idoni en un servicio de emergencia a un hospital para su monitoreo. El incidente resultó en que su medicación se le administrara correctamente después de eso.
Mientras espera su juicio en Detroit, Idoni ha sido colocada nuevamente en confinamiento solitario, detenida en su celda durante 23 horas al día, según Zastrow. El Congreso es consciente de su maltrato mientras está tras las rejas y está trabajando con los U.S. Marshals para rectificar la situación.
Como ha informado CatholicVote, el congresista Chip Roy pidió la semana pasada a sus colegas del Congreso que deroguen la Ley FACE, que el presidente demócrata a favor del aborto Bill Clinton firmó en 1994 a solicitud de los grupos de presión pro-aborto, después de que las instalaciones de Planned Parenthood comenzaran a cerrar en todo el país debido a las protestas pacíficas de Operation Rescue. Como señaló Roy, la Ley FACE se ha convertido en «una de las herramientas favoritas de la administración Biden-Harris para atacar el movimiento pro-vida».
«La administración la ha utilizado desproporcionadamente en casos de estadounidenses pacíficos que protestan contra el aborto, mientras que en gran medida ha hecho la vista gorda ante cientos de ataques violentos registrados contra centros de recursos para el embarazo y iglesias tras la filtración de la decisión de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization», dijo Roy.
Roy detalló que su oficina pudo confirmar que «hasta mayo de 2024, el DOJ de Biden-Harris había presentado 24 casos de la Ley FACE contra 55 acusados. Dos de los casos se presentaron en nombre de centros de recursos para el embarazo».
«Esto significa que casi el 92% de todos los casos de la Ley FACE de Biden-Harris fueron presentados contra manifestantes pro-vida, a pesar de que más de 285 iglesias y 94 centros de recursos para el embarazo y grupos pro-vida han sido atacados y vandalizados desde mayo de 2022», denunció Roy.
El DOJ de Biden ha combinado los cargos de violación de la Ley FACE con el cargo de «conspiración contra derechos» para amenazar a los activistas pro-vida con 11 años de prisión. El expresidente Donald Trump ha condenado la utilización de las agencias federales contra los estadounidenses pro-vida, pidiendo la liberación de los pro-vida que el DOJ de Biden ha encarcelado.
