(InfoCatólica) El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha anunciado que en los próximos días estará listo el borrador del protocolo para la creación de un registro de médicos objetores de conciencia que se niegan a realizar abortos en la sanidad pública. Este registro, que responde a un mandato de la ley de protección de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, tiene como objetivo evitar que las comunidades autónomas se amparen en un vacío legal para no cumplir con la ley del aborto. La iniciativa busca garantizar el acceso de las mujeres a abortos libres y seguros en la sanidad pública, sin que se vean limitadas por la objeción de conciencia de algunos profesionales sanitarios.
«Queremos volver a reivindicar el aborto libre y seguro como un derecho fundamental de las mujeres que ya conquistamos hace mucho tiempo», ha declarado la ministra García en un desayuno informativo, en el que ha presentado al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. En sus palabras, este derecho debe estar plenamente garantizado en la sanidad pública, para que las mujeres puedan acceder a estos servicios en condiciones de confianza y seguridad. Asimismo, ha destacado que el registro permitirá tener «una imagen real de los objetores en España» y acabará con la situación actual, en la que algunas regiones y hospitales evitan practicar abortos amparándose en la falta de regulación específica.
El anuncio del ministerio coincide con la publicación de los datos oficiales sobre los abortos correspondientes al año 2023. Según las cifras presentadas por el Ministerio de Sanidad, el año pasado se realizaron 103.097 abortos, lo que supone un incremento del 4,8 % respecto a 2022. Esta es la primera vez desde 2013 que se supera la barrera de los 100.000 abortos en España, cuando se registraron 108.290. Estos datos reflejan una tendencia al alza de los abortos, lo que refuerza, según la ministra, la necesidad de consolidar el derecho de las mujeres a abortar en condiciones seguras y sin obstáculos en la sanidad pública.
Durante su intervención, Mónica García también hizo referencia al contexto internacional, subrayando que «muchas voces en países como Italia, Argentina o Hungría, e incluso en España, intentan devolvernos a tiempos pasados en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres». A este respecto, la ministra aseguró que su gobierno no permitirá ningún retroceso en estos derechos fundamentales, y destacó el desafío de «consagrar el derecho al aborto libre y seguro en nuestra sanidad pública».
El borrador del registro, que se enviará a las comunidades autónomas para su revisión y elaboración conjunta, aún no estará listo para ser debatido en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, que reunirá al ministerio y a las autonomías el próximo 11 de octubre. Sin embargo, la ministra ha recalcado la importancia de avanzar rápidamente para cerrar el vacío legal que está permitiendo que en algunas regiones no se garantice el acceso a los abortos en la sanidad pública. «El borrador viene a cubrir un vacío legal en el que se estaban amparando algunas comunidades y algunos hospitales para no cumplir la ley y que los abortos no se realicen en la sanidad pública», ha concluido.
