(AsiaNews/InfoCatólica) En Uttar Pradesh, el estado más densamente poblado de India, bajo la administración del monje hindú Yogi Adityanath, miembro prominente del BJP y aliado cercano del primer ministro Narendra Modi, se ha producido una reciente intensificación en la legislación contra las conversiones religiosas. La Asamblea Estatal aprobó el 30 de julio la Ley de Prohibición de Conversiones Ilegales de Religión (Enmienda) de 2024, que impone sanciones más severas para las conversiones que se consideren fraudulentas o forzadas, incluyendo penas que pueden llegar a la cadena perpetua.
Este endurecimiento de la legislación ha suscitado inquietud entre las comunidades cristianas locales, que temen un incremento en los actos de intolerancia y acoso, potencialmente fomentados por sectores más radicales del movimiento Hindutva. En respuesta a esta nueva normativa, el Consejo Nacional de Iglesias de India (NCCI) ha expresado su rechazo a través de un comunicado emitido por su secretario general, el reverendo Asir Ebenezer.
Así se ha propuesto: «Aumenta la pena máxima de 10 años a cadena perpetua, permite a cualquier persona presentar una denuncia y complica el proceso de puesta en libertad bajo fianza. Nos oponemos a esta ley porque viola las disposiciones de la Constitución india. La conversión en sí misma no es un delito, a menos que sea inducida por influencia indebida, tergiversación o coacción, que sólo la víctima puede alegar».
El Consejo Nacional de Iglesias de India también ha destacado que esta ley otorga «una amplia autoridad a los funcionarios y a cualquier tercero que podría utilizarse indebidamente para perseguir a personas o comunidades específicas sobre la base de prejuicios religiosos». Esta situación plantea «el riesgo de que aumente el acoso y la criminalización de prácticas religiosas pacíficas, incluido el bautismo cristiano».
De esta forma, se genera «un clima de desconfianza y división, que amenaza con agravar las tensiones entre comunidades y socavar la armonía religiosa». Es por esto que el gobierno de Uttar Pradesh solicita la colaboración de todos para reconsiderar la ley, puesto que «es esencial defender los valores de libertad, igualdad y respeto de todas las personas, independientemente de su afiliación religiosa».
Asimismo, el padre Anand Mathew, quien se encuentra en Benarés y ejecuta labores de defensa de los derechos humanos, dijo a AsiaNews en una entrevista: «Esta medida es muy inquietante. En la ley anterior, sólo la víctima o sus familiares podían presentar una denuncia ante la policía. Ahora cualquiera con una denuncia falsa puede poner entre rejas a cualquier cristiano, incluso de por vida».
A día de hoy, existen al menos 28 cristianos en Uttar Pradesh, gran parte de ellos pastores evangélicos, que «languidecen en las cárceles a causa de su fe».
