(Asia News/InfoCatólica) Los demandantes alegan que Tennakoon desatendió sus obligaciones durante su mandato, cuando se produjeron los atentados de Semana Santa de 2019 -en los que murieron 273 personas- y cuando en el verano de 2022, durante las protestas contra el entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, la policía lanzó un ataque premeditado contra el lugar donde se realizaba la manifestación y varios manifestantes fueron brutalmente agredidos.
«Consideramos que es una decisión muy importante y apropiada la que ha tomado la Corte», comenta el padre Cyril Gamini, portavoz de la archidiócesis de Colombo. «Además, es la esperanza de todo el país que una persona que no esté sometida a la política y que pueda trabajar por unas elecciones democráticas independientes y justas, sin actuar como quieren los políticos, obtenga este cargo».
Los demandantes -además de Ranjith, el Centro de Alternativas Políticas (CPA), la Asociación de Jóvenes Periodistas de Sri Lanka y familiares de las víctimas de los atentados de Semana Santa- subrayaron que el puesto de jefe de policía, responsable de la aplicación de la ley en el país, debería otorgarse a una persona con cualidades humanas, en contraposición a alguien que ha actuado en contra de las funciones que le han sido asignadas y en violación de los derechos humanos básicos, desde su elección en noviembre de 2023.
Un panel de tres jueces del Tribunal Supremo, compuesto por Yasanta Kodagoda, Achala Vengappuli y Mahinda Samayawardena, anunció la medida. El Presidente del tribunal, el juez Yasanta Kodagoda, declaró que los demandantes habían logrado presentar un caso sólido ante el tribunal. En consecuencia, se decidió celebrar una vista contra el Fiscal General, el Portavoz Mahinda Yapa Abeywardena y Deshabandu Tennakoon en nombre del Presidente. Si hay objeciones a las peticiones, el tribunal ordenó que se presenten en un plazo de seis semanas, anunciando la convocatoria para el 11 de noviembre. Un tribunal de tres miembros ya había examinado en varias ocasiones las nueve peticiones presentadas por distintas partes, entre ellas el arzobispo de Colombo, el profesor Savitri Gunasekara, la ex diputada Hirunika Premachandra y muchos otros.
El fiscal Saliya Peiris señaló que es sorprendente que el mismo Departamento del Fiscal General pidiera mantener a Deshbandu Tennakon como Inspector General de Policía y, al mismo tiempo, lo nombrara sospechoso en la causa penal relacionada con el ataque a la protesta de Galle Face Green. Varios activistas de Aragalya compartieron con AsiaNews su opinión sobre el veredicto y declararon que «ahora mismo es una victoria, pero queremos verla como una victoria de la democracia a través de un veredicto justo (culpable)».
El presidente de la Asociación de Jóvenes Periodistas, Tharidu Jayawardena, en declaraciones a los medios de comunicación en los locales del tribunal, comentó:
«Hemos visto lo politizada que ha estado la policía en el pasado, cuál fue su comportamiento cuando se atacó el Galle Face Green, cuánto favor hicieron al gobierno anterior, y luego, cuando Ranil Wickramasingha llegó al poder, cómo trabajó Deshabandu a su antojo».
La Asociación presentó varias denuncias contra algunos agentes de policía, pero éstos no reaccionaron adecuadamente. «Por eso pensamos que, para construir un país respetuoso con la ley, no sería normal que una persona como Deshbandu ocupara el cargo de Inspector General de Policía. Por eso impugnamos sus cualificaciones y su nombramiento. Hoy, la Corte Suprema ha dictaminado que su nombramiento no es regular. Estamos a la espera de que este caso concluya en el futuro», declaró Tharindu.
El P. Cyril Gamini Fernando declaró a AsiaNews que existe un caso contra él en la Comisión Presidencial de Investigación relacionada con el atentado de Pascua:
«Dicha investigación debería llevarse a cabo suspendiendo su cargo. Pero no se ha realizado ninguna inspección adecuada. Y la inspección fue realizada por funcionarios por debajo de su rango. Por lo tanto, no es un modo que podamos aceptar».
«En sentencias recientes, hemos visto que estuvo implicado en las torturas más graves a prisioneros y tuvo que pagar indemnizaciones. Si una persona así ocupa el cargo de Inspector General de Policía, no podemos esperar justicia y equidad. Una persona con semejante pasado no puede ser aceptada como Inspector General de un país», añadió el padre Gamini.
