(InfoCatólica) El gobierno advierte a los obispos que «no aceptará ninguna fórmula unilateral» para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado. Bolaños pretende que se concierte un modelo de reparación mixto entra la Iglesia y el Estado.
Lo cierto es que no existe obligación legal para la Iglesia a indemnizar en los casos prescritos por las leyes aprobadas en las Cortes. Por supuesto, tampoco hay nada que pueda forzar a la Iglesia a someter su actuación a la supervisión del estado.
Según el ministro «la participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente» con las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el seno de la Iglesia, «sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa».
A falta de saber la respuesta de la Conferencia Episcopal Española, todo indica que el gobierno piensa seguir extorsionando a la Iglesia por unos hechos acontecidos en su inmensa mayoría hace décadas y para los que la institución eclesial, a fin de evitar que se repitan, ha establecido unos mecanismos de control que no están presentes en ninguna otra institución pública o privada.
El estado español pretende que la Iglesia, y solo la Iglesia, pague indemnizaciones a víctimas cuyos casos han prescrito. Y que lo haga de forma pública y notoria para mayor escarnio ante una opinión pública, a la que se ha engañado con datos manipulados sobre hechos ciertamente condenables y execrables.
