(InfoCatólica) En 2023, los CIE de Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Valencia estuvieron operativos, mientras que el de Madrid reabrió en diciembre tras un período de reformas y el de Tenerife permaneció cerrado por obras. Durante el año, se internaron un total de 2.085 personas, entre ellas 64 mujeres y 2 menores de edad. La mayoría de los internamientos se justificaron por órdenes de expulsión (71,37%) y acuerdos de devolución (26,71%).
El informe destaca las problemáticas persistentes en los CIE, como la deficiencia de las instalaciones y la precariedad de los servicios básicos, incluyendo la asistencia social, sanitaria y jurídica. Estas deficiencias a menudo resultan en situaciones de violencia y trato hostil hacia los internos. Además, se reporta una falta de privacidad en las consultas médicas y se imponen restricciones a las visitas de organizaciones de la sociedad civil, dificultando el acceso a asesoramiento legal y apoyo moral.
Una de las observaciones clave del informe es el concepto de «internamiento muteado», refiriéndose a cómo, a pesar de las cifras relativamente bajas de internamientos desde la pandemia y la aparente calma, existe un ambiente más hostil entre los internos. Esto es especialmente notable entre aquellos con antecedentes penales. La baja visibilidad mediática y la ausencia de un debate político robusto sobre los CIE contribuyen a esta percepción de un internamiento silenciado y subestimado.
Criminalización de los Migrantes
El texto señala que hay una tendencia a justificar el internamiento de migrantes en los CIE argumentando su vinculación con actividades delictivas. Se observa un aumento en la proporción de internos con antecedentes penales o policiales. Sin embargo, el SJM critica que se recurra al internamiento de manera desproporcionada, incluso en casos donde los delitos son menores, como conducir con un permiso de conducción del país de origen sin haber obtenido uno español. Esta práctica refleja una política de criminalización que busca justificar la medida del internamiento como necesaria y reservada para personas con antecedentes, reforzando estereotipos negativos sobre los migrantes.
Contexto de los Internos con Antecedentes
En 2023, se documentó que muchas personas internadas tenían procedimientos de expulsión «cualificados» por poseer antecedentes penales o policiales. Esto no significa necesariamente que todos los migrantes internados sean delincuentes peligrosos, sino que la posesión de antecedentes, por muy menores que sean, se utiliza como un criterio para justificar su detención y eventual expulsión. El informe indica que la mayoría de los internados presentan perfiles complejos y en muchos casos, tienen arraigo en España, lo que complica su situación legal y personal.
Igualmente se menciona que, aunque las cifras de internamiento son relativamente bajas, la proporción de personas con antecedentes penales ha aumentado. Este cambio en el perfil de los internos ha contribuido a un ambiente más hostil dentro de los CIE, según los policías de servicio. El SJM enfatiza que la criminalización de los migrantes y la utilización de sus antecedentes penales como justificación para su internamiento en los CIE perpetúan un sistema injusto y azaroso.
Acusan a la policía de malos tratos
El informe del SJM documenta casos de agresiones y malas prácticas, tanto entre los internos como por parte de la policía hacia los internos. Por ejemplo, en el CIE de Algeciras, se reportó una agresión ligada a una mala práctica policial, que no fue debidamente investigada por el juzgado de control. Esto refleja un entorno en el que la presencia de internos con antecedentes penales puede contribuir a situaciones de tensión y conflicto, exacerbadas por prácticas policiales cuestionables.
Además, se critica la falta de transparencia en la gestión de los CIE y la resistencia a implementar medidas que garanticen el acceso a derechos fundamentales y a una adecuada atención sanitaria y legal.
El Defensor del Pueblo sigue marcando numerosas tareas pendientes en los CIE, haciendo varias recomendaciones que aún no se han implementado completamente, como mejoras en la atención médica y en las condiciones de internamiento.
Acabar con los CIE
En cuanto a las propuestas y conclusiones, el SJM aboga por la supresión definitiva de todos los CIE actuales y futuros, considerando que cualquier forma de privación de libertad en el contexto migratorio es desproporcionada e ineficaz. Se hace un llamado a la necesidad de reformas urgentes en los servicios médicos y en la gestión de estos centros para asegurar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos.
Finalmente, el informe subraya la importancia de seguir acompañando, sirviendo y defendiendo a las personas internadas en los CIE, promoviendo una política migratoria más humana y justa. El SJM insiste en la necesidad de una conciencia ciudadana y un compromiso social para contrarrestar el uso indiscriminado del internamiento, la expulsión y otras medidas restrictivas que afectan a los migrantes.
