(Agencias/Infocatólica) En representación del Comisario Pontificio, designado por la Santa Sede y coordinado por la archidiócesis de Burgos, se han acercado este jueves al monasterio de Belorado la monja Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen las religiosas de Belorado.
Ruiz ha acudido en compañía de Rodrigo Sáiz, apoderado del Comisario Pontificio, para comunicar a las religiosas las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de monasterios. También les acompañaba Carlos Azcona, notario del Tribunal Eclesiástico, para notificar todo lo relativo a la apertura del proceso canónico a que ha dado lugar la actitud cismática de las monjas..
Fue precisamente el notario quien pudo entrar para entregarles los requerimientos canónicos y civiles. La abadesa, que ha perdido dicha condición para la Iglesia, comunicó que «los demás no eran bien recibidos en el monasterio y que deberían abandonarlo, requiriendo la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en el caso de negarse». De hecho, se personó una patrulla, que estuvo hablando con el apoderado.
La archidiócesis de Burgos emitió una nota de prensa en la que manifiesta que lo ocurrido «puede interpretarse como gestos de hostilidad que manifiestan la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo. Aun así, el comisario pontificio mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución».