(Asia News/InfoCatólica) «Debería haber sido yo quien decidiera si sería feliz o no. Quería decidir qué tipo de vida llevaría. Me siento muy frustrado por no haber podido hacerlo», dijo ayer ante los jueces de la Corte Suprema Kikuo Kojima, de 83 años, que sólo tenía 19 en el momento de los hechos y hoy es una de las víctimas de «esterilización forzada» que se ha constituido parte civil en el caso contra el gobierno.
Los magistrados, como informó el diario japonés Asahi Shimbun, la escucharon junto a los otros demandantes que decidieron presentar un recurso ante la Corte contra la infame ley de eugenesia que estuvo vigente entre 1948 y 1996.
Cerca de 25.000 personas con discapacidades o enfermedades crónicas fueron esterilizadas en Japón entre 1948 y 1996 en virtud de una ley de eugenesia. Al menos 16.000 casos se llevaron a cabo sin consentimiento, incluso en menores de edad, entre ellos dos niños de nueve años, un varón y una mujer. Los datos que revelan el uso generalizado de esta práctica en el pasado están contenidos en un informe de 1.400 páginas que se publicó en junio del año pasado y fue presentado en el Parlamento, que ha provocado polémicas y discusiones.
El estudio muestra que la esterilización era una condición necesaria para ser admitido a centros de atención o para contraer matrimonio y se realizaba mediante radiación o extirpación del útero, siendo la mayoría de las víctimas mujeres. Se aplicaba a personas con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos hereditarios, y se introdujo después de la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a la escasez de alimentos en el país. Posteriormente, como se afirma en los libros de educación física de los años '70, se utilizó esta práctica como método para «mejorar la predisposición genética de toda la población».
Los dos principales puntos de controversia son la inconstitucionalidad de la antigua norma y la aplicación de un plazo de prescripción de 20 años para negar la compensación a los demandantes. Los cinco tribunales superiores que deben juzgar casos presentados por víctimas de esterilización han declarado inconstitucional la antigua ley; sin embargo, ha habido diferencias de opinión sobre el plazo de prescripción, y el Tribunal Superior de Sendai denegó la compensación porque el plazo para apelar habría expirado, aunque los otros Tribunales han ordenado al gobierno que compense a las víctimas. Por eso se ha recurrido a la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre la prescripción antes del verano, para crear un marco normativo unívoco.
Uno de los demandantes es una pareja que, utilizando los seudónimos de Taro y Hanako Nomura, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Osaka; en una sentencia que se considera histórica, éste ordenó al gobierno que pagara una indemnización. La pareja contó que se casaron en 1970 y Hanako quedó embarazada; ella fue esterilizada sin consentimiento después de una cesárea y el bebé murió poco después de dar a luz. Otro demandante ante el Tribunal Superior de Tokio, de 81 años e identificado con el seudónimo de Saburo Kita, habló de una vida «trastornada» debido a la operación, tras la cual «he sufrido durante 67 años». El hombre fue esterilizado sin su conocimiento cuando tenía 14 años, pero nunca se lo contó a su esposa hasta poco antes de su muerte. Una mujer de 70 años con un caso abierto en Sendai dijo que había decidido presentar una denuncia porque «no quería que se encubrieran los daños que se provocaron, aunque el gobierno ha dicho repetidamente que no se disculpará ni investigará».
