(InfoCatólica) Durante la rueda de prensa, se ha anunciado el fin del mandato de Sor Isabel como abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado. La fecha coincide con la decisión previamente acordada con el delegado episcopal para la vida consagrada, para elegir a la nueva abadesa. La elección debía realizarse tras visitas a los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, programadas para los días 27, 28 y 29 de mayo, respectivamente.
Sor Isabel había agotado ya los dos mandatos permitidos por el derecho canónico y su mandato había sido prorrogado con la aprobación de la Santa Sede. Sin embargo, el 13 de mayo, Sor Isabel anunció su abandono formal de la Iglesia Católica en nombre de toda la comunidad, firmando un manifiesto y situándose bajo la jurisdicción del señor Pablo de Rojas.
Ante esta situación, la Federación de Nuestra Señora de Aranzazu solicitó ayuda a la Santa Sede, que respondió nombrando a Mons. Iceta como comisario pontificio. Este nombramiento otorga a dicho comisario todos los derechos y deberes de un superior mayor y su consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil. La comisión gestora está compuesta por la presidenta y secretaria federales, el vicario judicial de la archidiócesis, y el director del departamento de asuntos jurídicos de la archidiócesis, cada uno con funciones específicas.
Las decisiones y medidas adoptadas incluyen:
- Prohibición de acceso a los monasterios a Pablo de Rojas, José Cáceres y cualquier persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol.
- Comunicación a Sor Isabel de la finalización de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio.
- Realización de una auditoría y un inventario de bienes por parte de un despacho profesional externo.
- Solicitud de colaboración de despachos profesionales en materia civil, fiscal y penal.
Las monjas serán requeridas personalmente para expresar su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia Católica. De no reconsiderar su decisión, se iniciará el procedimiento canónico correspondiente, que podría culminar en la excomunión automática y la expulsión de la vida consagrada.
Se ha resaltado la prioridad de velar por el bienestar de las hermanas mayores, asegurando que siempre han estado bien cuidadas, aunque preocupa la falta de atención espiritual congruente con la fe católica. Los bienes eclesiásticos de los monasterios, en caso de supresión, pasarán a la Federación de las Hermanas Clarisas, conforme a sus estatutos.
La rueda de prensa concluyó con un llamado a la oración por parte del comisario pontificio, deseando que las hermanas reconsideren su decisión y regresen a la comunión eclesial.
Comunicado de la archidiócesis de Valladolid:
Hoy, día 29 de mayo de 2024, expira el nombramiento de Sor Isabel como abadesa del Monasterio de Santa Clara de Belorado. Y este día era el acordado previamente con el Delegado episcopal para la vida consagrada para la elección de la nueva abadesa.
Esto acontece tras la declaración el 13 de mayo de 2024 de Sor Isabel (que manifiesta hacerlo en nombre de toda la comunidad) de abandonar la Iglesia católica, firmando un documento de abandono formal, un denominado «manifiesto católico» y situándose bajo la jurisdicción del Sr. Pablo de Rojas, con una solicitud firmada por la propia abadesa el 8 de mayo y aceptada por el Sr. Pablo de Rojas el 10 de mayo de 2024.
Ante esta situación, la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen estos Monasterios, solicita la ayuda de la Santa Sede, quien a su vez nombra a D. Mario Iceta Gavicagogeascoa Comisario Pontificio ad nutum Sanctae Sedis, otorgándole todos los derechos y deberes que el Derecho universal de la Iglesia y el Derecho propio del Instituto atribuyen al Superior Mayor y a su Consejo, incluida la representación legal en el ámbito civil.
Para el desempeño de este encargo de la Santa Sede, el Comisario Pontificio nombra una Comisión gestora compuesta por el propio Comisario, la Presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu y su Secretaria Federal (que velarán por el cuidado de la comunidad), el Vicario Judicial de la Archidiócesis de Burgos (que se encargará de las cuestiones en el ámbito canónico) y el Director de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos (que coordinará los aspectos concernientes al ámbito civil). Contarán con la colaboración del Delegado episcopal para la vida consagrada y de los capellanes del Monasterio.
Para este cometido, se pedirá la colaboración de un despacho profesional para la administración de los Monasterios y sus bienes y se encargará la realización de una auditoría y un inventario.
Asimismo, si fuera necesario, se contará con la ayuda de despachos profesionales de servicios jurídicos, en materia civil, fiscal o penal.
Burofax a sor Isabel y veto a la Pía Unión
A última hora de la tarde de ayer, se remitió un burofax a Sor Isabel comunicándole la finalización de su mandato y el nombramiento del Comisario Pontificio, con efectos inmediatos.
Asimismo, se prohibirá expresamente el acceso y permanencia en los Monasterios y todos sus inmuebles de los Sres. Pablo de Rojas y José Ceacero y cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol.
Las hermanas merecen el máximo respeto y consideración. Transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá que cada una de ellas exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia católica.
Excomunión y expulsión de la vida consagrada
La renuncia expresa y pública de abandono de la Iglesia católica las situaría, por decisión libre y personal, al margen de la comunión eclesial. Ello conlleva el inicio del procedimiento canónico correspondiente. La consecuencia prevista por el Derecho canónico, en caso de no deponer su decisión, concluiría con la declaración de excomunión latae sententiae, que lleva consigo la expulsión de la vida consagrada. Confiamos vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo.
Es nuestra preocupación, asimismo, velar por el bienestar de las hermanas mayores. Tenemos constancia del cuidado esmerado que les ofrecen, aunque nos aflige que no estén recibiendo la atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han amado y profesado, y será una cuestión prioritaria que habrá que abordar.
Debemos recordar que los Monasterios, sus propiedades y bienes son bienes eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros en cuanto personas físicas. Hay que hacer notar que, si se llegara a decretar la supresión de los Monasterios, por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa (denominada Cor Orans), todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos.
Seguimos orando, y nos consta que lo están haciendo muchas personas y comunidades, para que las hermanas reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa. La Iglesia las espera con entrañas de misericordia.
Se han comunicado estas medidas al Nuncio Apostólico, al Presidente y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, al Presidente de la Comisión Episcopal Vida Consagrada y a los obispos de Vitoria y Bilbao.
