(InfoCatólica) Según detalla un artículo de 'El País', el plan se estructura en cinco ejes principales: reconocimiento y reparación de las víctimas, atención a estas, prevención de futuros abusos, formación y sensibilización sobre el tema, e investigación e información continua.
Una de las características clave del plan es que ofrece compensaciones económicas a las víctimas cuyos casos ya no pueden ser procesados penalmente debido a la prescripción. El documento propone la creación de un órgano independiente y temporal encargado de la reparación, que operaría idealmente con la colaboración de la Iglesia para cubrir parte sustancial de las compensaciones y otros tipos de reparación simbólica. No obstante, si la Iglesia decide no colaborar, algo a lo que laConferencia Episcopal Española ha respondido en repetidas ocasiones, el plan sugiere establecer un proceso administrativo que permita reconocer a las víctimas y establecer medidas reparadoras apropiadas, con la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
Este plan de respuesta no establece un baremo específico para las cantidades de las indemnizaciones ni los procesos exactos que deberían seguir los afectados. Se prevé que esté en vigor inicialmente hasta 2027, siendo gestionado por la Dirección General de Libertad Religiosa. Además, se contempla la formación de una comisión que incluya los ministerios involucrados y representantes de las víctimas, y se fomentará la coordinación con la Iglesia para implementar las recomendaciones.
Adicionalmente, el plan incluye la realización de un acto de Estado para el reconocimiento de las víctimas y propone que la responsabilidad civil por estos delitos no prescriba, incluso si lo hace la responsabilidad penal.
Olvido de las otras víctimas
El mismo Defensor del Pueblo que presentó el informe sobre abusos en el ámbito eclesial, denunció recientemente el trato dado a los menores víctimas de abusos en centros tutelados por el estado español. A esos menores el gobierno de Pedro Sánchez no dedica ni un minuto de su tiempo.
Se espera la respuesta de la Conferencia Episcopal, que presumiblemente bajo Mons. Argüello será más enérgica que con el Card. Omella, al menos así lo marcan sus antecedentes como Secretario de en la etapa anterior.
Todo esto demuestra el interés del gobierno por mantener en la opinión pública una cuestión que afecta a la imagen de la Iglesia. Ese mismo gobierno no piensa hacer nada para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en otros ámbitos. Hoy gran parte de la sociedad considera a la Iglesia Católica como una máquina de cometer abusos impunemente.
