(Asia News/InfoCatólica) Las preguntas versan sobre importantes cuestiones como el trabajo, la reconciliación nacional, la asistencia social, la bioética, la protección del ambiente ecológico, las mujeres, el compromiso con la justicia y la paz y las políticas para los jóvenes. Pero también sobre problemas muy concretos como la abolición de la pena de muerte, el vertido de agua contaminada de Fukushima, la posibilidad de prolongar los años de actividad de las centrales nucleares y la comisión especial de investigación sobre las muertes por la estampida en Itaewon.
Como parte de una serie de iniciativas para promover la importancia del compromiso político, el 28 de marzo la Conferencia Episcopal hizo públicas las respuestas que habían enviado 3 de los 4 partidos que presentan candidatos: el conservador People Power Party (PPP) del actual presidente Yoon, y dos de las fuerzas de la oposición: el Democratic Party of Korea (DP) y el Green Party Korea (GPK). El Reform Party (ndr: excisión del PPP de ideología conservadora moderada) no envió ninguna respuesta. La Secretaría de la Conferencia Episcopal ha publicado estos documentos en su propio sitio web y también los ha enviado a cada diócesis, y de esa manera podrá utilizarlos para verificar las políticas de los candidatos a la Asamblea Nacional que se presenten en sus respectivos distritos electorales.
Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con abolir la pena de muerte, el Green Party Korea respondió que estaba «totalmente de acuerdo»; el Democratic Party of Korea también está a favor, mientras que el People Power Party ha adoptado una posición mucho más cautelosa. En Corea del Sur no se han llevado a cabo ejecuciones desde 1997, pero todavía hay 9 personas en prisión condenadas a muerte por asesinato. En materia de política energética han surgido fuertes diferencias: el People Power Party está a favor de la construcción de una nueva central nuclear en el país y las otras dos fuerzas políticas en contra. En cuanto a la cuestión de las aguas de Fukushima, el partido en el gobierno sostiene que ya es imposible detener el vertido por parte de Japón y subraya más bien la importancia de controlar si el proceso se desarrolla de forma segura y conforme a las normas internacionales, reforzando los controles en las zonas marinas y los productos pesqueros.
También surgieron posiciones opuestas sobre la llamada Yellow Envelope Act, la ley que protegía a los trabajadores subcontratados garantizándoles a ellos también el derecho de huelga. el Democratic Party y el Green Party se declararon a favor de la reinstalación así como de la necesidad de una investigación más profunda sobre la estampida de Itaewon que la noche del 31 de octubre de 2022 costó la vida a 158 personas.