(Asia news/InfoCatólica) La mujer regresó a su país de origen en 2017, frustrada por la vana espera y el prolongado tiempo de tramitación de su solicitud de asilo en la nación del sudeste asiático, unido a la asignatura pendiente de reunirse con sus ancianos padres. Sin embargo, según la web activista Article18 -que cuenta con fuentes de Human Rights in Iran-, una vez repatriada, fue citada en varias ocasiones e interrogada por agentes de inteligencia.
El acoso continuó durante años y culminó el 13 de febrero con la orden de detención ejecutada en casa de su padre, en la localidad de Ekbatan, un suburbio de Teherán. Los policías la recogieron y la encerraron en la sección 209 de la tristemente célebre prisión de Evin, a las afueras de la capital, en un ala bajo la jurisdicción del Ministerio de Inteligencia. En su celda, sería sometida a repetidos interrogatorios a lo largo de tres semanas, durante los cuales le mostraron fotografías y vídeos que «probarían» sus «actividades cristianas» y su bautismo durante su estancia en Malasia, todas ellas «pruebas» de su «delito». Estará en la sección de mujeres de la prisión.
El 16 de marzo compareció ante el juez Iman Afshari, de la Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán, quien supuestamente le preguntó por los motivos de su regreso a su país de origen y por el riesgo de que se celebrara un juicio contra ella por «estas cosas [actividades cristianas] fuera de Irán». En la sentencia, además de la pena de dos años de celda, figura también la prohibición de viajar durante dos años una vez que vuelva a la libertad al término de su condena. No ha información hasta el momento sobre una posible puesta en libertad bajo fianza o antes del estudio de su apelación.
Mansour Borji, director de Article18, subraya que «las autoridades de inmigración de todo el mundo deberían tomar nota» del veredicto antes de rechazar solicitudes de asilo de iraníes en riesgo de «persecución» a su regreso, además de declararse «sorprendido» por la «rapidez» del juicio de Laleh. Su caso, añadió, «demuestra claramente que las actividades cristianas de los solicitantes de asilo en el extranjero pueden utilizarse en su contra en procedimientos judiciales en Irán».
En Irán, cada vez más cristianos son detenidos y condenados por la mera práctica del culto, en su país o en el extranjero, o por haberse convertido del Islam, y a menudo optan por no denunciar por «miedo» a que hacer público su caso pueda acarrearles sufrimientos aún peores. La escalada de la persecución queda patente en un informe publicado el 19 de febrero, titulado «Víctimas sin rostro: violaciones de los derechos de los cristianos en Irán». El estudio, realizado por Article18 con la colaboración de otras importantes ONG, como Open Doors, Christian Solidarity Worldwide (CSW) y Middle East Concern, confirma el «claro retroceso» de la situación en materia de libertad religiosa.
